El Ministerio Público reveló que, desde 2022, se registran más de 800 episodios anuales de secuestro. Esta modalidad, utilizada para financiar redes de narcotráfico y trata de personas, ha obligado a las autoridades a rediseñar sus estrategias de persecución penal para enfrentar estructuras cada vez más complejas.
El panorama de la seguridad en Chile enfrenta un desafío crítico. Según cifras reveladas por el fiscal nacional, Ángel Valencia, durante su cuarta cuenta pública, el secuestro extorsivo ha experimentado una expansión notoria, superando la barrera de los 800 casos anuales desde 2022. Este fenómeno ha dejado de ser un evento aislado para convertirse en una herramienta operativa central de las estructuras delictivas.
¿Qué es el secuestro extorsivo?
De acuerdo con el Código Penal chileno (artículo 141), el secuestro consiste en privar a una persona de su libertad de manera ilegal. Sin embargo, la variante «extorsiva» adquiere una gravedad mayor al ser utilizada para obtener un rescate o imponer exigencias específicas.
Un reciente reporte de la Unidad de Crimen Organizado del Ministerio Público destaca que este delito funciona hoy como parte de un «ecosistema delictual»:
- Financiamiento ilícito: Los recursos obtenidos se destinan a expandir otras operaciones como el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de armas.
- Control territorial: El aumento sostenido de estos casos es una señal del avance de bandas con capacidad logística que buscan disputar el poder al Estado y establecer autoridades paralelas en ciertas zonas.
- Evolución delictiva: En 2024, esta tipología alcanzó el 21,1% del total de secuestros, desplazando a las disputas familiares y convirtiéndose en la más prevalente del año.
La respuesta del Estado: Equipos ECOH
Ante la energía de este fenómeno, la Fiscalía ha transformado la operatividad de sus equipos especializados. El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), que originalmente se enfocaba de forma casi exclusiva en asesinatos, hoy dedica gran parte de sus recursos humanos y técnicos a desarticular bandas dedicadas al secuestro.
«No nos hemos mantenido pasivos… hemos aumentado la cantidad de sujetos detenidos y encarcelados por esos delitos», afirmó el fiscal Valencia, subrayando que la respuesta institucional ha sido enérgica frente a la complejidad de planificación y vigilancia que requieren estos ilícitos.
Duras sanciones: Desde la cárcel hasta el presidio perpetuo
La legislación chilena establece penas severas para quienes participen en estas acciones, las cuales se incrementan según la duración y las consecuencias del encierro:
- Secuestro base: Penas de 3 años y un día a 5 años.
- Con extorsión (más de 24 horas): La sanción sube y puede llegar hasta los 15 años de presidio.
- Con lesiones graves o más de 15 días: Las penas fluctúan entre los 10 y 20 años de cárcel.
- Casos extremos: Si durante el secuestro se comete homicidio o violación, la ley establece presidio perpetuo calificado, la pena más alta en el ordenamiento jurídico nacional.
El crecimiento de este delito evidencia una profesionalización de la delincuencia en Chile, donde el secuestro ya no es solo un fin en sí mismo, sino un motor económico para la expansión del crimen organizado transnacional.
