La toma «La Mula», emplazada en la comuna de Alto Hospicio en la región de Tarapacá, se ha posicionado como el asentamiento más peligroso del país tras un análisis que cruzó información de criminalidad y propiedad fiscal que presenta un nivel crítico de peligrosidad y alberga a casi 7.500 personas. Este sector encabeza un grupo de siete megatomas que exhiben un nivel «Crítico» de violencia, donde se han detectado delitos de extrema gravedad como homicidios, descuartizamientos e inhumaciones ilegales.
Con una superficie de 85 hectáreas de suelo estatal, «La Mula» alberga a una población estimada de 7.497 personas, superando en peligrosidad a otros asentamientos de la región como El Boro. Según expertos, la concentración de bandas delictivas en estos terrenos, incluyendo la presencia de organizaciones como el Tren de Aragua, ha convertido a estas zonas en enclaves donde la fiscalización es nula.
Al respecto, la directora ejecutiva de la consultora Atisba, Caroline Iribarne, manifestó que «hemos cruzado tanto información policial, relacionada como múltiples delitos, como reportes de prensa» para vincular por primera vez la violencia con la propiedad del suelo. La experta destacó que en estos lugares el crimen organizado aprovecha la precariedad para reclutar jóvenes y circular dinero ilícito sin mayores controles financieros.
Por su parte, el exsubsecretario del Interior e investigador de la USS, Felipe Harboe, sostuvo que «lo primero es hacer un catastro real de quiénes están al interior de esas tomas» para determinar si existen personas buscadas por la justicia. Además, el exparlamentario recalcó que el Estado debe ponerse firme y ejecutar desalojos planificados, argumentando que «este debe ser el primer gobierno que tendrá tres años sin elecciones y, por lo tanto, puede adoptar decisiones que sean parcialmente impopulares, pero estén bien hechas».
Finalmente, desde el Ministerio de Bienes Nacionales, la ministra Marcela Sandoval, resaltó que la prioridad de su repartición es recuperar «lo antes posible» los terrenos fiscales usurpados mediante acciones judiciales coordinadas con los organismos pertinentes. La autoridad subrayó que estos predios, una vez recuperados, pueden ser utilizados para construir viviendas sociales para las familias que realmente lo necesitan.
