Con una inversión total que rozará los 10 mil millones de pesos, el Gobierno Regional y el Ejecutivo sellaron un acuerdo para ejecutar un plan de cuatro etapas. La medida busca terminar con años de contaminación por polimetales e inseguridad, contemplando el desalojo de 700 personas y la expulsión administrativa de más de 140 extranjeros en su fase inicial.
En una sesión extraordinaria que se prolongó por más de cuatro horas, el Consejo Regional de Arica y Parinacota, liderado por el gobernador Diego Paco, marcó un antes y un después en la historia urbana de la ciudad al aprobar el proyecto «Saneamiento Programa Demolición Cerro Chuño Etapa I».
Con una votación de nueve votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones, el cuerpo colegiado dio luz verde al traspaso de $3.292 millones de pesos desde el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Este monto representa el 33% del costo total de una iniciativa que, en su conjunto, requerirá una inversión pública de 9.913 millones de pesos para ser ejecutada en un plazo máximo de 24 meses.
Un plan de cuatro etapas contra la contaminación
El proyecto, liderado técnicamente por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), no solo se enfoca en el desalojo, sino en una compleja operación de saneamiento ambiental. La Etapa I, financiada por la región, contempla la demolición de viviendas y la apertura de un depósito especializado en la Quebrada Encantada para el aislamiento seguro de materiales contaminados con polimetales.
El gobernador Diego Paco fue enfático en la necesidad de no postergar más esta decisión: “Entendemos que la seguridad de nuestra región no puede seguir esperando. Teníamos dos opciones: quedarnos de brazos cruzados o buscar soluciones, y elegimos actuar”, señaló la autoridad, aludiendo a las restricciones presupuestarias nacionales que obligaron al GORE a cofinanciar la obra.
Radiografía de la erradicación: Desalojos y expulsiones
El delegado presidencial regional, Cristian Sayes, entregó detalles pormenorizados sobre la población que será intervenida en esta primera fase. De las 700 personas identificadas en el catastro, un 74% corresponde a ciudadanos extranjeros.
Sayes reveló una situación alarmante respecto a los residentes chilenos: “Hay 8 personas que ya tienen subsidio y casa propia, pero la están arrendando mientras viven en Cerro Chuño. Otras 12 familias ya se adjudicaron beneficios y esperan su vivienda. Hay personas que efectivamente tenemos que desalojar y que no merecen ningún beneficio extra”.
Además, se confirmó que el plan incluye la expulsión administrativa inmediata de 141 extranjeros que se encuentran en situación irregular. “Estamos salvando la vida de las personas que viven allí, personas en situación irregular que se han tomado casas, pero también pensamos en su salud frente a la contaminación”, afirmó el delegado.
Protocolos estrictos y acompañamiento de DD.HH.
Para evitar los errores de procesos anteriores, el Gobierno trabajará bajo la supervisión directa del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la Defensoría de la Niñez y la Contraloría General de la República.
El proceso de demolición se ejecutará mediante licitación o trato directo a través del Serviu, debido a la alta complejidad técnica que requiere manipular escombros contaminados. Una vez adjudicada la empresa, se notificará a los residentes con 10 a 15 días de antelación para una salida voluntaria, antes de proceder con el desalojo forzoso sin previo aviso.
Albergues con enfoque social
Ante la incertidumbre de la comunidad, el Gobierno anunció que se habilitarán albergues, comenzando por el del Estadio, con capacidad para 120 personas. Sin embargo, Sayes aclaró que este apoyo será exclusivo para casos críticos: “Van a llegar a un albergue los casos que realmente necesiten nuestra preocupación, como familias monoparentales o niños, niñas y adolescentes. No podemos seguir fomentando que personas vivan sin pagar luz ni agua con recursos del Estado”.
Con la erradicación de las bandas criminales que antes operaban en el sector —gracias a previas intervenciones de Fiscalía—, las autoridades aseguran que hoy el Estado tiene el control necesario para entrar y desmantelar definitivamente este foco de riesgo sanitario y social en el corazón de Arica.
“Con la certeza de los recursos ya podemos comenzar la planificación para el desalojo. No solo es un compromiso con la ciudadanía, es salvar vidas frente a la contaminación por polimetales”, sentenció el delegado presidencial Cristian Sayes.
