Inspirado en el modelo ECOH utilizado para combatir homicidios y crimen organizado, el programa estará enfocado en jóvenes que concentran reiteradas participaciones en delitos de alta connotación pública como portonazos y turbazos.
La Fiscalía Nacional confirmó la puesta en marcha de un nuevo modelo de intervención orientado a adolescentes reincidentes involucrados en delitos violentos, iniciativa que comenzará a desarrollarse mediante un plan piloto durante el segundo semestre de 2026.
El proyecto buscará focalizar la persecución penal y el seguimiento de jóvenes que concentran una alta participación en hechos delictuales graves, combinando herramientas judiciales, control policial y acompañamiento psicosocial.
La propuesta fue dada a conocer por el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien explicó que el sistema estará inspirado en el modelo ECOH, mecanismo implementado en investigaciones ligadas a homicidios, secuestros y crimen organizado.
“Esto lo hemos llamado un ECOH dos”, sostuvo Valencia, detallando que la iniciativa apunta a enfrentar de manera más específica el fenómeno de la delincuencia juvenil reiterada.
De acuerdo con antecedentes expuestos por la Fiscalía Nacional y publicados por el Diario Constitucional, entre los años 2019 y 2025 un reducido grupo de adolescentes concentró una parte significativa de la actividad delictual en el sistema penal juvenil. Según las cifras, el 10% de los jóvenes entre 14 y 17 años acumuló el 36% de los delitos registrados en ese período, mientras que el 1% concentró el 8% de los ilícitos, con un promedio cercano a 13 delitos por adolescente.
El programa estará dirigido a los denominados “adolescentes infractores prolíficos”, categoría utilizada para identificar a menores de edad vinculados de manera reiterada a delitos violentos o de alta connotación pública, como portonazos, turbazos y otros hechos asociados a violencia urbana.
Desde el Ministerio Público señalaron que el plan considera un sistema de “disuasión focalizada”, estrategia aplicada en distintos países y basada en el modelo conocido como “pulling levers”, orientado a intervenir sobre grupos específicos que concentran altos niveles de participación en delitos graves.
La Fiscalía sostuvo que diversos estudios criminológicos respaldan este tipo de estrategias, considerando que la percepción de una alta probabilidad de ser identificado, fiscalizado o sancionado puede generar efectos disuasivos en potenciales infractores.
Sin embargo, las autoridades recalcaron que la persecución penal por sí sola no resulta suficiente para abordar el fenómeno de la delincuencia juvenil. Por ello, el nuevo modelo incorporará componentes de intervención social, monitoreo permanente y coordinación interinstitucional.
“Lo que necesitan estos muchachos es seguimiento”, afirmó Ángel Valencia.
El fiscal nacional explicó además que las medidas decretadas respecto de adolescentes deben mantenerse bajo supervisión efectiva, agregando que el objetivo también apunta a reinsertar y mantener a los jóvenes dentro del sistema escolar.
“Necesitan control y fiscalización”, indicó Valencia, añadiendo que los adolescentes deben “sentirse observados” y que las instituciones del Estado no pueden “desentenderse” de ellos.
La estrategia contempla trabajo coordinado entre policías, municipios, establecimientos educacionales, tribunales de familia, organismos vinculados a infancia y programas sociales especializados, con el fin de generar monitoreo constante sobre los jóvenes intervenidos.
En esa línea, el fiscal nacional indicó que actualmente se desarrollan reuniones entre distintas instituciones públicas para compartir información y establecer mecanismos permanentes de seguimiento.
“Entre todos nos preocupamos de saber dónde están y qué están haciendo”, señaló.
El proyecto contará además con apoyo técnico y financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad que colaborará en la adaptación del modelo internacional a la realidad chilena.
La iniciativa surge en medio del debate nacional por el aumento de delitos violentos cometidos por menores de edad y el eventual vínculo de adolescentes con bandas criminales organizadas. No obstante, desde la Fiscalía advirtieron que el fenómeno responde a múltiples factores y no exclusivamente al crimen organizado, apuntando también a problemas de exclusión social, abandono escolar y falta de acompañamiento institucional.
