Tras un lapidario informe del Consejo para la Transparencia que reveló que más de la mitad de los municipios beneficiados no informan sobre el uso de estos dineros —detectándose gastos en cotillón, festivales y comida para mascotas—, el parlamentario tarapaqueño presentó una indicación para obligar a las casas edilicias a transparentar cada peso ejecutado.
La discusión sobre el destino de los recursos públicos volvió a encenderse en el Congreso. Esta vez, el foco apunta directamente a las arcas municipales y a la forma en que las administraciones locales están administrando las platas provenientes de la gran minería. El diputado por Tarapacá, Álvaro Jofré, levantó la voz en el hemiciclo para exigir reglas estrictas de rendición de cuentas, luego de conocerse preocupantes cifras sobre la opacidad en el manejo de estos ingresos.
Durante su intervención parlamentaria, el diputado Jofré subrayó el origen del financiamiento estatal para justificar la necesidad de un mayor control. Según planteó el legislador, «la riqueza no nace de la voluntad del gobernante ni de un decreto estatal, nace del trabajo, del ahorro, de la inversión y del esfuerzo de los chilenos». Bajo esa premisa, el congresista argumentó que las autoridades tienen el deber ineludible de ser sumamente exigentes con la utilización de cada peso que ingresa al fisco.
Un preocupante 61% de incumplimiento en los municipios
La ofensiva legislativa del parlamentario no surge por azar, sino que responde a los resultados de una fiscalización externa. De acuerdo con los antecedentes citados por el congresista, el Consejo para la Transparencia constató que el 61% de las municipalidades beneficiadas con el Royalty Minero incumplió sus obligaciones legales de publicar información sobre el destino de estos fondos, replicando un patrón de opacidad que el organismo fiscalizador también había detectado previamente en los gobiernos regionales.
Mochilas, pendones y festivales: los cuestionados gastos detectados
Más allá de la falta de publicación en los portales de transparencia activa, el detalle de en qué se están invirtiendo las platas abrió un flanco de críticas. Según los hallazgos del Consejo para la Transparencia expuestos por el diputado Jofré, parte de los recursos del Royalty Minero fueron destinados a ítems alejados de la inversión estructural, como la compra de alimentos para mascotas, mochilas con logos institucionales, pendones publicitarios, festivales, espectáculos musicales y diversas celebraciones comunales.
La indicación para transparentar el gasto cada 30 días
Frente a este escenario, el diputado tarapaqueño decidió pasar del diagnóstico a la acción legislativa. Jofré anunció la presentación de una indicación parlamentaria diseñada para cerrar la puerta a la discrecionalidad en la entrega de datos financieros por parte de los alcaldes y concejos municipales.
La propuesta busca replicar un mecanismo que ya avanzó en otra instancia del Estado. Según explicó el legislador, se trata de una exigencia similar a la que ya se aprobó por unanimidad para los gobiernos regionales, la cual obligará a las municipalidades a publicar de manera mensual cuánto dinero reciben exactamente por concepto del Royalty Minero, en qué proyectos o compras específicas se lo están gastando y cuál es el estado real de ejecución presupuestaria.
Para cerrar su postura en el Congreso, el diputado enfatizó que la rendición de cuentas no puede depender del criterio político de turno, afirmando que «los recursos son de todos y su transparencia no puede quedar a voluntad de las autoridades».
