
Un importante avance legislativo se registró en las últimas horas luego de que la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados despachara el proyecto de ley que define el nuevo reajuste al Ingreso Mínimo Mensual (IMM). Tras recoger las inquietudes de los parlamentarios, el Gobierno presentó una indicación que permitió elevar la cifra originalmente propuesta, integrando la inflación del mes de abril en el cálculo final, lo que garantiza que el poder adquisitivo de los trabajadores no se vea mermado por el alza del costo de la vida.
De acuerdo con lo aprobado, el nuevo monto del sueldo mínimo quedará fijado en $553.553, cifra que comenzará a regir de manera retroactiva a partir del 1 de mayo de este año. Sin embargo, la jornada no estuvo exenta de debate, ya que la instancia rechazó los montos propuestos para trabajadores menores de 18 y mayores de 65 años, que se elevaban a $412.938, así como el ingreso para fines no remuneracionales de $356.815, por considerarse cifras insuficientes frente a las necesidades actuales.
En ese sentido, Gustavo Rosende, ministro (S) del Trabajo, manifestó que “se acogió la inquietud presentada por el grupo parlamentario, en orden a que no se consideraba en el cálculo de IPC acumulado el mes de abril”. El secretario de Estado precisó que este nuevo cálculo permitió un incremento desde los originales $546.546 que contemplaba el mensaje inicial, sumando la variación de los precios de los primeros cuatro meses del año para llegar al monto definitivo que beneficiará a miles de familias.
ASIGNACIONES Y SUBSIDIO FAMILIAR
Junto con el sueldo básico, las y los diputados visaron las nuevas cifras para las asignaciones familiares y maternales, las cuales se segmentarán según el nivel de ingresos. Quienes perciban hasta $649.039 recibirán $22.601 por carga; el tramo hasta $947.990 percibirá $13.870; y quienes ganen hasta $1.478.539 obtendrán $4.382. Por su parte, el Subsidio Familiar se fijó parejo en $22.601 para este 2026.
Finalmente, el proyecto establece una hoja de ruta para los próximos años, indicando que el 1 de enero de 2027 se aplicará un nuevo reajuste conforme a la variación acumulada del IPC entre mayo y diciembre de 2026. Asimismo, el Ejecutivo deberá enviar una nueva propuesta legislativa en junio del próximo año para asegurar que la actualización de los sueldos y beneficios sociales sea una constante que brinde tranquilidad económica a los hogares chilenos.




