Entre los antecedentes expuestos en el oficio se incluyen publicaciones vinculadas a SERCOTEC, CORFO, FOSIS y recursos del 8%, además de referencias a postulaciones habitacionales, criterios de selección y mecanismos de acceso promovidos directamente bajo la imagen del consejero regional.
Una presentación formal ingresada ante la Contraloría Regional de Tarapacá encendió una nueva controversia política en la región, luego que el diputado Carlos Carvajal Gallardo solicitara investigar una eventual extralimitación de funciones y posibles infracciones al principio de probidad administrativa por parte del consejero regional de Tarapacá, Luis Domingo Milla Ramírez.
La acción quedó contenida en el Oficio de Fiscalización N°15/2026, remitido a la contralora regional Paula Vera Robles y posteriormente derivado a la Contralora General de la República mediante el Oficio N°5147 de la Cámara de Diputadas y Diputados, fechado el 21 de abril de 2026.
En el documento, el parlamentario plantea que, «existen antecedentes que ameritan un pronunciamiento jurídico respecto de actuaciones desarrolladas por el consejero regional Luis Milla, particularmente por publicaciones difundidas en redes sociales bajo su nombre, relacionadas con programas de vivienda, emprendimiento y acceso a financiamiento estatal».
Publicaciones bajo el nombre de Luis Milla
Dentro de los antecedentes incorporados por el diputado Carvajal, se mencionan diversas publicaciones atribuidas al consejero regional Luis Milla, entre ellas iniciativas denominadas “Curso Proyecto Luis Milla”, “Comité de Vivienda Luis Milla” y “Grupo de Emprendedores Luis Milla”.
Según el oficio, estas publicaciones «promocionaban actividades relacionadas con acceso a fondos públicos y beneficios estatales, incluyendo referencias a organismos como SERCOTEC, CORFO, FOSIS y recursos correspondientes al fondo del 8%».
Asimismo, se detallan menciones a terrenos gratuitos o en arriendo, cupos limitados, horarios de atención, mecanismos de inscripción y participación ciudadana.
En el caso específico del denominado “Comité de Vivienda Luis Milla”, el documento sostiene que «las publicaciones establecían criterios de ingreso, requisitos de postulación, reglas de acceso y promesas asociadas a soluciones habitacionales, todo ello bajo la identificación directa del consejero regional».
Respecto del “Grupo de Emprendedores Luis Milla”, se indica que la iniciativa promovía la conformación de agrupaciones destinadas a postular a financiamiento público para proyectos de innovación y emprendimiento.
Diputado Carvajal acusa posible confusión entre función pública e iniciativas personales
En el requerimiento presentado ante Contraloría, el diputado Carlos Carvajal sostiene que existiría una eventual confusión entre el ejercicio de la función pública y actividades de carácter personal o paralelo impulsadas bajo el nombre del consejero regional Luis Milla.
El parlamentario argumenta que los consejeros regionales poseen funciones normativas, resolutivas y fiscalizadoras dentro del Gobierno Regional, pero no cuentan con atribuciones ejecutivas ni facultades directas para administrar beneficios públicos o gestionar programas estatales fuera de los marcos legales establecidos.
En ese contexto, la presentación hace referencia a la Ley N°19.175 sobre Gobierno y Administración Regional, además de los principios de juridicidad y probidad administrativa establecidos en la Constitución Política de la República, y en la Ley N°18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado.
Presidencia de comisión aumenta cuestionamientos
Otro de los antecedentes incluidos por el diputado Carvajal apunta al actual rol institucional que desempeña Luis Milla dentro del Consejo Regional de Tarapacá.
De acuerdo con la presentación, «el consejero regional preside actualmente la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del CORE Tarapacá, situación que —según expone el oficio— adquiere especial relevancia debido a la coincidencia entre sus funciones institucionales y las materias promovidas en redes sociales.
El documento advierte que aquello podría comprometer principios asociados a imparcialidad, legalidad administrativa y probidad en el ejercicio del cargo público.
Las medidas solicitadas a Contraloría
A través del oficio, el diputado Carlos Carvajal pidió a Contraloría Regional desarrollar diversas acciones de revisión y fiscalización respecto de los hechos denunciados.
Entre las solicitudes realizadas figuran:
- Emitir un pronunciamiento jurídico sobre si las actuaciones atribuidas al consejero regional Luis Milla se ajustan al ordenamiento jurídico vigente.
- Determinar una eventual infracción al principio de probidad administrativa o posible uso indebido de la investidura pública.
- Instruir diligencias de fiscalización para esclarecer los antecedentes expuestos.
- Solicitar informes al Gobierno Regional de Tarapacá, al Consejo Regional y al propio consejero regional involucrado.
- Revisar antecedentes y documentación vinculada al funcionamiento de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.
- Evaluar eventuales responsabilidades administrativas, civiles, penales o electorales, en caso que los antecedentes así lo ameriten.
Hasta el momento, no existe un pronunciamiento público oficial por parte de Contraloría respecto de la admisibilidad o resultado de la solicitud presentada por el parlamentario.
