En un fallo unánime, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica dictó una sentencia ejemplificadora contra los líderes de una red transnacional dedicada al tráfico de migrantes. El tribunal condenó a Y.J.E.A. a la pena de 8 años de presidio efectivo y a E.C.F. a 6 años de cárcel, ambos como autores de dos delitos de tráfico de migrantes y cinco delitos de tráfico agravado, tras acreditarse que ingresaron ilegalmente al país a decenas de personas, incluidos lactantes y niños, bajo condiciones de extrema vulnerabilidad.
La investigación liderada por el Ministerio Público desnudó un macabro modus operandi que operaba entre junio y octubre de 2024. Los delincuentes utilizaban grupos de WhatsApp para captar víctimas en Colombia, República Dominicana y Ecuador, cobrando sumas que oscilaban entre los 150 y 750 dólares. La red contaba con una logística coordinada: mientras los «coyotes» guiaban a las familias en caminatas nocturnas de hasta 10 horas por el desierto, cómplices en taxis peruanos cruzaban legalmente el equipaje por el Complejo Chacalluta para evitar sospechas, reuniéndose finalmente en hostales de Arica administrados por los sentenciados.
Uno de los testimonios más desgarradores aceptados por el tribunal reveló el nivel de crueldad de la organización. Según el fallo, el 20 de agosto de 2024, una madre que ingresó ilegalmente con sus hijos menores de edad fue extorsionada por los traficantes. Al no contar con el dinero en efectivo para completar el pago del trayecto, el condenado Y.J.E.A. «le exigió mantener relaciones sexuales como forma de pago a cambio del ingreso ilegal al país, hospedaje y alimentación para ella y sus tres hijos», según se acreditó en la audiencia.
LOGÍSTICA CRIMINAL Y «BURROS DE CARGA»
El tribunal dio por acreditado que los delincuentes utilizaban una red de hostales denominados «Maggy», «Orquídea» y «Mayra» como centros de acopio y captación. En estos lugares, E.C.F. se encargaba de recepcionar a las víctimas, gestionar la compra de pasajes de bus hacia el sur del país y asegurar el cobro de las cuotas pendientes mediante depósitos bancarios. Incluso, se detectó que cobraban 70 dólares adicionales solo para que un «coyote» cargara en brazos a niños pequeños, como ocurrió con la víctima D.A.P.N. durante el cruce por el desierto, lo que para los jueces refleja el «aprovechamiento de la vulnerabilidad de los migrantes para obtener ganancias económicas».
Pese a la contundencia de las pruebas, que incluyeron interceptaciones telefónicas y registros audiovisuales, el tribunal decretó la absolución de ambos imputados respecto al delito de asociación criminal por falta de acreditación técnica. No obstante, además de las penas de cárcel, ambos fueron condenados al pago de una multa de 50 UTM y se ordenó la toma de sus muestras biológicas para la inclusión en el registro nacional de ADN de condenados una vez que el fallo quede ejecutoriado.
Finalmente, la sentencia subraya que los acusados facilitaron y promovieron el ingreso ilegal de familias «atravesando zonas desérticas y sin resguardo». Con esta resolución, la justicia de la zona norte ratifica la persecución penal contra quienes han transformado el drama migratorio en un negocio lucrativo, dejando claro que el ingreso ilegal de menores y la explotación de mujeres son agravantes que aseguran el cumplimiento efectivo de las penas tras las rejas.
