El sistema que financia la educación superior para estudiantes vulnerables cumple una década marcado por avances en acceso, cuestionamientos por su sostenibilidad financiera y un debate abierto sobre su continuidad y alcance. El Gobierno ya evalúa ajustes estructurales.
A diez años de su implementación, la política de gratuidad en la educación superior vuelve al centro del debate público. Lo que comenzó en 2016 como una medida transitoria, en medio de una compleja reforma impulsada durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, hoy se consolida como uno de los pilares del sistema, pero también como uno de los más cuestionados.
Según cifras del Departamento de Financiamiento Estudiantil de la Subsecretaría de Educación Superior, recogidas por La Tercera, más de 1,49 millones de personas han accedido al beneficio en esta década, mientras que 485.646 estudiantes han logrado titularse, distribuidos entre carreras técnicas, profesionales y licenciaturas.
Pese a estas cifras, el balance está lejos de ser unánime.
Acceso masivo, pero con brechas persistentes
La gratuidad nació con el objetivo de derribar barreras económicas y ampliar el acceso a la educación superior, especialmente para los sectores más vulnerables. En ese sentido, diversas instituciones reconocen avances.
El rector de la Universidad de Valparaíso y presidente del Consorcio de Universidades del Estado, Osvaldo Corrales, valoró el impacto inicial de la medida: “La gratuidad ha permitido que jóvenes de menores ingresos accedan a la educación superior sin endeudarse, lo que es un cambio estructural relevante”, afirmó a La Tercera.
Sin embargo, también advierte sobre sus limitaciones: “Es necesario perfeccionarla, especialmente en lo relativo a la duración del beneficio, ya que hoy solo cubre el tiempo nominal de las carreras”, agregó.
El nudo crítico: duración de carreras y pérdida del beneficio
Uno de los principales puntos de tensión es que el financiamiento estatal no cubre atrasos académicos. Es decir, quienes se extienden más allá del tiempo formal de su carrera pierden la gratuidad y deben asumir el costo adicional.
En cifras, más de 201 mil estudiantes han perdido el beneficio por esta razón, lo que ha generado críticas desde el mundo académico, que propone avanzar hacia un modelo que contemple al menos un año adicional de financiamiento.
Aranceles bajo presión y déficit en instituciones
Otro foco de conflicto está en los llamados “aranceles regulados”, es decir, el monto que el Estado paga a las instituciones por cada estudiante beneficiado.
De acuerdo con la subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés, este mecanismo presenta brechas relevantes: “El arancel regulado cubre entre el 60% y el 90% del costo real, lo que genera presiones financieras en las instituciones”, explicó.
Este desfase ha obligado a universidades e institutos a ajustar su oferta académica en función de criterios económicos más que formativos, lo que, según la autoridad, podría afectar la calidad y pertinencia del sistema.
Datos del sistema de educación superior indican que, hacia 2025, las universidades acumulaban déficits superiores a los $64 mil millones, en parte asociados a este modelo de financiamiento.
La mirada de las instituciones: avances y advertencias
Desde el mundo técnico-profesional, la evaluación es mixta.
La vicerrectora Económica de Duoc UC, María Loreto Massanes, destacó el impacto en el acceso: “La gratuidad ha permitido que más personas, que antes enfrentaban barreras económicas, puedan proyectar estudios sin incertidumbre financiera”, señaló a La Tercera.
No obstante, también advirtió sobre los efectos económicos: “Ha significado menores ingresos para las instituciones, lo que implica desafíos importantes para la sostenibilidad en el mediano y largo plazo”.
En la misma línea, el rector de Inacap, Lucas Palacios, fue más crítico: “La gratuidad ha sido positiva en acceso, pero no ha generado impactos relevantes en productividad, movilidad social ni descentralización”, afirmó.
¿Real impacto en equidad?: El debate sigue abierto
Uno de los cuestionamientos más profundos apunta a si la gratuidad ha logrado efectivamente mejorar la equidad en el acceso a la educación superior.
La ministra de Educación, María Paz Arzola, sostuvo recientemente que: “La gratuidad no ha permitido mejorar la equidad en el acceso”, basándose en estudios que evidencian un estancamiento en la reducción de brechas entre estudiantes de distintos niveles socioeconómicos.
No obstante, informes internacionales entregan una mirada más matizada. El reporte Education at a Glance 2025 de la OCDE destacó que en Chile aumentó la probabilidad de acceso a la universidad para jóvenes de familias sin educación secundaria, superando el promedio de los países miembros.
Aun así, la propia subsecretaria Valdés llamó a la cautela: “Es pronto para evaluar completamente su impacto en equidad, especialmente en el largo plazo”, indicó.
El freno a la expansión: restricciones fiscales
En sus inicios, la gratuidad apuntaba a una expansión progresiva hacia la universalidad. Sin embargo, ese escenario hoy parece lejano.
Actualmente, el beneficio cubre hasta el 60% más vulnerable de la población, dejando fuera a los deciles superiores.
El Gobierno ha sido claro en este punto. “El país no está en condiciones de seguir ampliando la cobertura”, afirmó la ministra Arzola, advirtiendo que el gasto fiscal en gratuidad ha crecido un 177% por sobre lo proyectado.
Para 2026, el presupuesto destinado a esta política supera los 2,5 billones de pesos, muy por encima de su nivel inicial.
Reformas en evaluación y tensiones políticas
En este escenario, el Ejecutivo estudia introducir cambios estructurales, entre ellos frenar la incorporación de nuevas instituciones al sistema y congelar la expansión del beneficio a otros tramos de ingresos.
Además, surgió la propuesta —impulsada desde el Ministerio de Hacienda— de restringir el acceso a mayores de 30 años, aunque esta idea fue finalmente descartada tras generar resistencias tanto en el oficialismo como en la oposición.
Un sistema consolidado, pero en revisión
Hoy, 68 instituciones están adscritas a la gratuidad, incluyendo universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica.
A una década de su puesta en marcha, la política muestra avances concretos en acceso y cobertura, pero enfrenta cuestionamientos estructurales sobre su financiamiento, impacto real y sostenibilidad.
El debate, lejos de cerrarse, entra ahora en una nueva etapa: la de las definiciones. Mientras el Gobierno busca ajustes, el sistema educativo completo observa con atención el futuro de una de las reformas más emblemáticas de las últimas décadas.
