El megaoperativo conjunto de la PDI y la Fiscalía desarticuló una red de corrupción que operaba desde hace cinco años en la Dirección de Tránsito. La investigación, declarada bajo total reserva, reveló un ostentoso patrimonio financiado con la venta ilegal de más de 200 licencias de conducir ideológicamente falsas en la Macrozona Norte.
Nuevos y contundentes antecedentes han salido a la luz pública tras el masivo operativo policial que remeció las dependencias de la Municipalidad de Alto Hospicio y diversos inmuebles de la Región de Tarapacá. En una conferencia de prensa liderada por el jefe de la Región Policial de Tarapacá, Prefecto Inspector Mauricio Jorquera, junto a la Fiscal Regional Virginia Aravena y el Seremi de Seguridad Omar Salazar, se detalló el millonario patrimonio que mantenía la red delictiva dedicada a la venta fraudulenta de licencias de conducir, la cual operaba bajo el amparo de la corrupción interna.
El procedimiento —ejecutado de manera coordinada por detectives de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) y la Brigada Antinarcóticos (Brianco) Iquique— contempló el allanamiento simultáneo de seis domicilios estratégicos, incluyendo las propias oficinas del Departamento de Tránsito municipal, logrando la captura de los 10 integrantes de esta asociación criminal.
Vehículos de alta gama, joyas y dinero: El botín de la corrupción
Más allá de las capturas, lo que captó la atención pública fue el ostentoso nivel de vida y los bienes incautados a los miembros de la organización criminal. Gracias al foco especializado en persecución económica y blanqueo de capitales, los detectives de la PDI lograron sacar de circulación un importante patrimonio financiado con el dinero de los fraudes viales.
El desglose de los bienes incautados incluye:
- 5 vehículos de alta gama: Automóviles modernos y de marcas exclusivas que eran utilizados por el clan familiar líder y parte de los captadores para movilizarse y exhibir su estatus económico.
- Joyas y relojes de lujo: Finas piezas de joyería, junto con relojes de alta gama, fueron hallados ocultos en los inmuebles registrados, los cuales formaban parte de las inversiones destinadas a ocultar las ganancias ilícitas.
- Millonario dinero en efectivo: Durante los registros, la policía civil incautó alrededor de 4 millones de pesos en efectivo, presumiblemente provenientes de los pagos directos realizados por los clientes durante las últimas semanas de operación.
- Documentación clave: Gran cantidad de carpetas, registros digitales y archivos municipales vinculados directamente a la falsificación de los documentos.
Un lucrativo negocio que operó por cinco años
Las autoridades explicaron que esta estructura operó de manera impune por al menos 5 años, tiempo en el cual alcanzaron a otorgar más de 200 licencias ideológicamente falsas que terminaron en manos de conductores de diversas ciudades de la Macrozona Norte del país.
El modus operandi se basaba en una red de captadores externos que reclutaban a personas que necesitaban el permiso de conducir pero que no cumplían con las exigencias legales. La banda cobraba entre 400 y 600 mil pesos por licencias particulares, cifra que se elevaba hasta el millón de pesos en el caso de las codiciadas licencias profesionales para el transporte de carga o pasajeros. Una vez coordinado el pago ilícito con los cinco funcionarios municipales implicados, el «cliente» iba al municipio solo a realizar el pago de los derechos normales en caja y retiraba el documento listo en ventanilla, sin haber rendido jamás un examen.
Ocho implicados a prisión y 180 días de investigación secreta
La Fiscal Regional de Tarapacá, Virginia Aravena, confirmó que tras tres intensas jornadas de audiencias desarrolladas los días viernes, sábado y domingo, se logró la formalización de los 10 detenidos por los delitos de asociación criminal, cohecho, soborno, lavado de activos e infracciones graves a la Ley de Tránsito.
Debido al peligro que representan para la seguridad de la sociedad y el éxito de las diligencias, el Juzgado de Garantía decretó la medida cautelar de prisión preventiva para 8 de los imputados, mientras que los 2 restantes permanecen bajo arresto domiciliario total. El tribunal fijó un plazo de 180 días para el desarrollo de la investigación, la cual fue declarada bajo total reserva y secreto para proteger la identificación de las más de 60 personas que ya están individualizadas por haber comprado sus licencias de forma fraudulenta.
