
Un grupo de 60 diputados envió una misiva a La Moneda para solicitar el beneficio a favor de funcionarios de Carabineros y las Fuerzas Armadas, mientras senadores constituyeron un equipo de trabajo para impulsar una ley de indulto general. Desde el Ministerio de Justicia confirmaron que analizan cada antecedente en concreto, aunque evitaron comprometer una fecha de respuesta.
La paciencia en la derecha se está agotando. A casi cinco meses del inicio del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, un amplio sector del oficialismo y bloques aliados decidieron subir el tono para exigir que concrete los indultos a uniformados condenados por hechos del estallido social. La promesa estuvo sobre la mesa desde la campaña, pero el retraso en los decretos desató una ofensiva coordinada en ambas cámaras del Congreso.
El movimiento más masivo vino desde la Cámara de Diputados. Un grupo de 60 parlamentarios —que reunió a bancadas oficialistas, al Partido Nacional Libertario y al Partido de la Gente— envió una carta directa a La Moneda. En el documento piden formalmente perdonar las penas de 13 funcionarios de Carabineros y las Fuerzas Armadas, argumentando que actuaron bajo jornadas extenuantes, órdenes superiores y un contexto de violencia generalizada.
Incluso sectores del centro dentro del oficialismo salieron a respaldar el texto. «Adhiero a esta propuesta de poder indultar a quienes nos defendieron y defendieron la democracia», afirmó el diputado Tomás Kast (Evópoli), sumando apoyo a una lista que abarca desde la UDI hasta el PNL.
LA BANCADA SENATORIAL Y LA PRESIÓN POR CASOS EMBLEMÁTICOS
En la Cámara Alta la estrategia va por un carril paralelo. Un grupo de senadores constituyó formalmente la «bancada por el indulto» para impulsar un proyecto de ley de indulto general. La instancia la integran Vanessa Kaiser (PNL), Camila Flores (RN), Alejandro Kusanovic (RN) junto a Rodolfo Carter, Cristian Vial e Ignacio Urrutia (del comité del Partido Republicano).
«Las condiciones del 18 de octubre en adelante fueron las de un golpe de Estado que tuvieron que enfrentar nuestros Carabineros y las Fuerzas Armadas», argumentó la senadora Kaiser al justificar la iniciativa legal.
A esta arremetida se sumó un hito clave en el hemiciclo: la Cámara de Diputados aprobó una solicitud para pedirle al Ejecutivo el indulto del excapitán Patricio Maturana, condenado a más de 12 años de prisión por el ataque que dejó ciega a la actual senadora Fabiola Campillai.
TENSIONES EN EL OFICIALISMO Y LA RESPUESTA DE LA MONEDA
Pese al despliegue en el Parlamento, la estrategia genera ruidos dentro del propio partido de Gobierno. El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, marcó distancia de la ofensiva pública de sus parlamentarios. «No creo que corresponda empujar esto por la prensa», advirtió Squella, transparentando las fricciones internas sobre cómo manejar los tiempos políticos del beneficio.
Frente a la lluvia de peticiones, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, salió a marcar la postura oficial del Ejecutivo. El titular de la cartera remarcó que cualquier ciudadano tiene derecho a elevar la solicitud, pero aclaró que el Gobierno está evaluando cada antecedente en particular para dictar resoluciones debidamente fundadas.
Consultado sobre cuándo firmarán los primeros decretos, Rabat prefirió no pillarse los dedos. «Estamos trabajando para resolverlo prontamente, no voy a dar una fecha», cerró el ministro, manteniendo el misterio sobre el momento exacto en que La Moneda abrirá la puerta a los esperados indultos.




