La Sala de la Cámara Alta respaldó por amplia mayoría la reforma al Código Procesal Penal que busca frenar la paralización indefinida de causas penales por la fuga o incomparecencia de los acusados. La iniciativa avanzó con 29 votos a favor y entra a su etapa clave de discusión en particular con 57 indicaciones sobre la mesa.
El Senado dio un paso decisivo para tapar un hoyo negro que por años ha generado impunidad en los tribunales del país. Con una votación aplastante de 29 votos a favor y apenas 2 en contra, la Sala respaldó en general la reforma que busca terminar con el sobreseimiento temporal automático cuando un imputado decide no presentarse al juicio.
La meta del proyecto es clara: evitar que la rebeldía o la fuga del acusado sigan funcionando como un escudo para paralizar la dictación de sentencias.
Actualmente, si un imputado debidamente notificado decide no dar la cara, la causa queda congelada indefinidamente. Eso frena la justicia, desgasta recursos del Estado y somete a las víctimas a una espera sin fin. Con este cambio legal, el juicio oral y el procedimiento simplificado podrán seguir su marcha hasta la dictación de una condena o absolución, incluso con la silla del acusado vacía.
Las garantías clave para asegurar un proceso justo sin imputado
La reforma no le firma un cheque en blanco a la justicia ni salta los derechos fundamentales. Para que un tribunal pueda juzgar a una persona en su ausencia, el texto legal establece exigencias estrictas que blindan el debido proceso y evitan eventuales abusos procesales.
El tribunal deberá acreditar la notificación válida del acusado, la advertencia previa de las consecuencias de no ir y la presencia obligatoria de una defensa técnica efectiva.
Sin esos tres pilares, el juicio no camina. La idea es garantizar que el imputado haya tenido pleno conocimiento de la acusación en su contra y que su ausencia responda a una decisión deliberada de eludir la acción de la justicia. Además, una vez dictada la sentencia en ausencia, el Ministerio Público y las policías contarán con herramientas reforzadas para emitir órdenes de aprehensión y desplegar medidas de localización prioritarias para ejecutar la pena de inmediato.
Celeridad frente a la impunidad: los argumentos que marcaron el debate
Durante las jornadas de discusión intervino un abanico amplio de parlamentarios, entre ellos los senadores Yasna Provoste, Claudia Pascual, Andrés Longton, Beatriz Sánchez, Cristian Vial, Iván Flores, Pedro Araya y Sebastián Keitel, sumado a la exposición del ministro de Justicia, Fernando Rabat.
Quienes apoyaron la iniciativa remarcaron que la incomparecencia injustificada se transformó en la vía de escape preferida para evadir el castigo y revictimizar a las familias.
Los legisladores a favor argumentaron que Chile necesita nivelar la cancha y adoptar estándares internacionales. Hasta ahora, el diseño procesal premiaba al que se fugaba y castigaba a la víctima dejándola en un limbo. La iniciativa busca corregir ese desequilibrio histórico para que el sistema responda con firmeza y oportunidad ante la comisión de delitos.
Las dudas garantistas y el filtro final en la Comisión de Constitución
Pese al contundente respaldo general, la discusión no estuvo libre de observaciones previas. Senadores y expertos hicieron hincapié en la necesidad de hilar fino durante la votación en particular para evitar vicios de inconstitucionalidad o vulneraciones al derecho a la defensa.
La Sala acordó revisar en detalle las observaciones de la Corte Suprema para ajustar el régimen de recursos y resguardar la revisión de los fallos.
Por la naturaleza de los cambios al Código Procesal Penal, el texto tendrá una revisión minuciosa en la Comisión de Constitución. La próxima semana se reanudará la discusión artículo por artículo, donde se deberán resolver las 57 indicaciones presentadas para perfeccionar la redacción final antes de su despacho.
