El Presidente Gabriel Boric declaró este viernes en La Moneda, ante el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, como imputado en la investigación por la fallida compra de la casa de la familia de Salvador Allende.
«Esta diligencia voluntaria se inscribe en la permanente disposición del Presidente de la República a prestar colaboración necesaria con la investigación de la Fiscalía», escribió la Presidencia en un comunicado.
Cabe señalar que en la instancia también estuvieron presentes su abogado, Jonatan Valenzuela, además de el fiscal Eduardo Yáñez.
En tanto, desde el órgano persecutor de Coquimbo se emitió un documento en el que señalan que el Mandatario “prestó la máxima colaboración y contestó todas las preguntas formuladas por el fiscal regional”.
El Ministerio Público inició las diligencias, -incluida la invitación al mandatario a declarar como imputado-, para ser interrogado sobre quién decidió la compra, quién negoció los fondos respectivos y, a su vez, aclarar la posición sobre la transferencia que se buscaba realizar entre el Estado y la familia Allende.
Cabe mencionar que, por la misma causa, fueron citadas a declarar las exministras de Bienes Nacionales y Defensa; Marcela Sandoval y Maya Fernández respectivamente, además de la senadora Isabel Allende (PS).
INVESTIGACIÓN
En enero de este año, la ONG Fundación Fuerza Ciudadana, presidida por el abogado Raimundo Palamara, excandidato constituyente por el Partido Republicano, presentó una denuncia para que se investigue la fallida adquisición del inmueble, acusando un presunto delito de fraude al fisco.
A fines del 2024, el gobierno informó que la propiedad de la familia Allende en Guardia Vieja y la residencia del expresidente Patricio Aylwin serían adquiridas por el Estado para formar parte del patrimonio nacional, transformándose en casas-museo.
El viernes 3 de enero, sin embargo, el Ejecutivo dio a conocer que determinaron que no era posible concretar la adquisición de la residencia del exmandatario“, debido a la actual estructura de copropiedad de la comunidad de herederos del expresidente Allende”.
La operación respecto al inmueble se truncó al conocerse que la hoy exministra de Defensa, Maya Fernández, nieta del desaparecido gobernante era una de las dueñas de la propiedad junto a su tía Isabel Allende, la senadora e hija del expresidente. Ambas, por ley, estaban impedidas a firmar ese tipo de contratos con el Estado.
