La acusada fue fiscalizada por personal de Gendarmería en plena revisión de visitas cuando ocultaba la droga dentro de sus vestimentas. El fallo del Juzgado Oral determinó que deberá cumplir la pena de prisión de manera efectiva en el mismo recinto al que pretendía ingresar la sustancia.
Las estrictas revisiones a las visitas que acuden al Complejo Penitenciario de Acha volvieron a frenar el ingreso de sustancias ilícitas hacia el interior de los módulos. El procedimiento quedó al descubierto durante las labores de control de rutina que ejecutan los funcionarios de Gendarmería antes de autorizar el paso hacia las dependencias de los reclusos.
La mujer concurrió al recinto penal con la intención manifiesta de entregar la droga a un interno para su posterior comercialización.
Al momento de ser sometida a la inspección corporal, el personal del establecimiento detectó una anomalía en las vestimentas de la visitante. Oculta al interior de un billete de $5.000, la imputada guardaba una bolsa de nylon que contenía ketamina, sumando un peso bruto de 1,20 gramos. El hallazgo derivó en su detención inmediata dentro del mismo recinto.
Tres años y un día de prisión tras veredicto del Tribunal Oral
El caso llegó a la sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica, donde los magistrados analizaron los peritajes de la droga y las declaraciones del personal penitenciario que concretó el procedimiento. Tras la presentación de las pruebas, los jueces dieron por acreditada la responsabilidad de la acusada en calidad de autora de tráfico de drogas en pequeñas cantidades.
En fallo dividido, la justicia dictaminó una pena de tres años y un día de presidio efectivo para la imputada.
La sentencia descarta cualquier tipo de beneficio que le permitiera cumplir la condena en libertad. Debido a esto, la mujer deberá ingresar a un recinto carcelario para completar la totalidad de la pena impuesta por los magistrados.
Sanciones accesorias e inclusión en el registro nacional de ADN
Junto a la privación de libertad, la resolución judicial impuso una serie de medidas complementarias contra la condenada. La sentencia contempla el pago de una multa a beneficio fiscal ascendente a 3 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), además de la inhabilitación absoluta para ejercer cargos u oficios públicos y derechos políticos durante el tiempo que dure la condena.
El tribunal ordenó que se obtenga la huella genética de la imputada para su ingreso al registro nacional de condenados.
Una vez que el fallo quede ejecutoriado de forma definitiva, los especialistas tomarán las muestras biológicas correspondientes a la mujer. Ese material genético se incorporará de manera permanente al sistema nacional de identificación que administra el Servicio de Registro Civil e Identificación.
