El procedimiento liderado por la PDI junto a diversos servicios públicos intervino el sector de Rancho Kokoya en Pozo Almonte. La acción dejó a dos ciudadanos venezolanos y un boliviano denunciados por faltas a la Ley de Migraciones, además de cursar la infracción al contratista local por mantener personal sin los permisos correspondientes.
Las inspecciones preventivas se trasldaron de la costa al interior de la Región de Tarapacá. En una acción coordinada entre la PDI y la Seremi de Seguridad Pública, unidades policiales y fiscalizadores de diversos servicios del Estado desembarcaron en la localidad precordillerana de La Huayca.
Detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional (Demig) Iquique, junto a la Bicrim de Alto Hospicio y Bitrap, encabezaron el recorrido.
El procedimiento se concentró específicamente en el sector de Rancho Kokoya, ubicado en el kilómetro 24 de la ruta local. Hasta el lugar también llegaron funcionarios del Servicio de Salud, Servicio de Impuestos Internos (SII), Sernatur, Servicio Nacional de Migraciones y Carabineros de Chile, abarcando de forma integral las patentes comerciales, sanitarias y laborales del recinto.
Tres denuncias por pasos no habilitados y labores sin autorización
Durante la jornada de control en terreno, los equipos de la PDI abordaron a los trabajadores y residentes del sector para revisar la documentación de estancia y laboral en el país.
El comisario Nelson Mazuelos, de la Brigada de Investigación Criminal de Alto Hospicio, confirmó que se fiscalizó a un total de seis ciudadanos extranjeros.
Tras el cruce de datos en los sistemas informáticos, los detectives cursaron denuncias administrativas a tres personas. En detalle, se trató de dos ciudadanos de nacionalidad venezolana que ingresaron a Chile por pasos no habilitados y un ciudadano de nacionalidad boliviana que realizaba labores remuneradas bajo la condición de turista.
Infracción directa a empleador chileno por contratación irregular
Las sanciones administrativas del operativo no recayeron únicamente sobre los ciudadanos extranjeros. El marco regulatorio de la Ley N° 21.325 establece responsabilidades directas para quienes contratan mano de obra en situación migratoria irregular.
La PDI infraccionó y denunció a un empleador de nacionalidad chilena por mantener trabajadores sin los permisos correspondientes.
El comisario Mazuelos precisó que estas fiscalizaciones conjuntas se mantendrán de forma periódica en distintos puntos de la provincia del Tamarugal, buscando desincentivar el trabajo informal y garantizar que los establecimientos comerciales de la zona cumplan con las exigencias normativas y de seguridad.
