La asociación criminal operaba entre Los Lagos y el Biobío comercializando masivamente mariscos y pescados ilegales. La red corrompió a policías, fiscalizadores de Sernapesca, trabajadoras de peajes y un empleado municipal para evadir controles fronterizos y rutas del sur del país, ocultando una fortuna al Fisco.
En lo que se ha calificado como uno de los golpes más contundentes y complejos contra el crimen organizado de cuello blanco en la zona sur de Chile, un masivo operativo conjunto entre la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público logró la detención de 56 personas integrantes de una sofisticada red delictiva transregional. La organización estaba dedicada a la extracción, transporte y comercialización ilegal de recursos hidrobiológicos, un millonario negocio ilícito que generó ingresos observados por casi $9 mil millones de pesos entre los años 2023 y 2024, infiltrando gravemente el aparato estatal para asegurar su impunidad.
El gigantesco despliegue policial, que se ejecutó de forma simultánea en al menos cinco regiones del país, incluyó el allanamiento de 61 entradas y registros en domicilios, bodegas y locales comerciales vinculados a los investigados. Las capturas no solo desarmaron la cúpula operativa de la banda, sino que además permitieron la millonaria incautación de propiedades, dinero en efectivo de alta denominación y flotas de transporte adquiridas directamente con las ganancias de la actividad ilegal.
Instituciones corrompidas: El rol de la policía, Sernapesca y cajeras de peaje
La arista más alarmante y escandalosa de la indagatoria penal —iniciada formalmente en 2024— radica en la capacidad de la red para corromper los sistemas de fiscalización del Estado. Entre los 56 detenidos figuran al menos tres funcionarios activos de Carabineros de Chile, un fiscalizador del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) y un funcionario de la Municipalidad de Valdivia.
Según los antecedentes del Ministerio Público, la banda adquiría masivamente los recursos marítimos en la zona de Calbuco (Región de Los Lagos) sin ningún tipo de documentación legal ni trazabilidad sanitaria. Posteriormente, los camiones con los cargamentos ilícitos viajaban de madrugada hacia Valdivia. Para asegurar el éxito del viaje, los carabineros y los funcionarios públicos corruptos alertaban sobre los controles carreteros y facilitaban el paso de los convoyes. El nivel de cobertura criminal era tan milimétrico que la PDI detectó que cinco cajeras del peaje Troncal La Unión también estaban pagadas por la red para entregar información en tiempo real sobre las fiscalizaciones del Ministerio de Transportes y de salud en la ruta.
Dominio de mercado: De las ferias fluviales al Terminal Pesquero de Santiago
Una vez que los cargamentos sorteaban las barreras sanitarias e ingresaban a la Región de Los Ríos, la mercancía clandestina era blanqueada en algunos de los puntos turísticos y comerciales más importantes de Valdivia, tales como el Mercado Municipal y la Feria Fluvial.
Sin embargo, el poder logístico de las tres estructuras organizadas que componían la banda iba mucho más allá. Parte importante de la producción ilegal era despachada directamente al Terminal Pesquero de la Región Metropolitana, además de inundar los mercados de distribución mayorista de las regiones de La Araucanía y Los Lagos, consolidando una posición dominante que destruyó la competencia justa y afectó directamente a los pescadores artesanales y comerciantes que operan bajo el marco legal y con patentes al día.
El millonario fraude fiscal y el patrimonio oculto en el sur
El desglose económico realizado por la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI de Valdivia dejó al descubierto una colosal evasión tributaria. El análisis financiero arrojó que la red obtuvo ingresos reales por $8.811 millones de pesos en un periodo de dos años. Sin embargo, en sus procesos ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) correspondientes a los años tributarios 2024 y 2025, los líderes declararon apenas $550 millones.
Esta brutal maniobra delictiva significó ocultar al Fisco una cifra neta de $8.261 millones de pesos. Con esa fortuna subterránea, los líderes de la organización criminal construyeron un patrimonio de lujo en el sur que hoy fue completamente requisado por la justicia, el cual incluye:
- 29 vehículos de alta gama y de carga, avaluados fiscalmente en más de $581 millones.
- Cuatro bienes inmuebles y parcelas con un avalúo comercial cercano a los $395 millones.
- Un gimnasio completamente equipado en la ciudad de Valdivia, valorizado en el mercado en $100 millones de pesos.
Los 56 detenidos enfrentarán a la justicia en una maratónica audiencia de formalización de cargos donde se les imputarán los delitos de asociación criminal, lavado de activos, falsificación de instrumento público, cohecho, delitos contra la salud pública e infracciones graves a la Ley General de Pesca y Acuicultura. Desde la PDI advirtieron que las mafias pesqueras se han transformado en una de las actividades criminales más lucrativas del país debido a la facilidad para camuflar el dinero en el comercio establecido.
