La Cámara de Diputadas y Diputados despachó las modificaciones del Senado para amortiguar el impacto tarifario tras los retrasos en los procesos del sector. La norma permitirá cancelar los saldos adeudados a las distribuidoras en cuotas graduales a contar de 2028 y mantiene los apoyos estatales para las familias vulnerables.
El Congreso completó el trámite legislativo y dejó lista para promulgación la norma bautizada como «Ordenemos las cuentas».
Tras ratificar los cambios introducidos por el Senado, el Parlamento dio luz verde al marco regulatorio que se hace cargo de la deuda acumulada de 800 millones de dólares con las empresas distribuidoras de energía, producto del congelamiento y la postergación en los procesos tarifarios de los últimos años.
La discusión en Sala expuso con claridad el dilema de fondo. Las alternativas eran acotadas: o se aplicaba el cobro por vía administrativa en pocas cuotas e intereses elevados, o se aprobaba esta ley para prorratear los pagos en un esquema gradual con protección social. «La deuda existe y se cobra con o sin ley. Sin ley se paga de una sola vez; con la ley el pago es más barato, ordenado y protegiendo a las familias», plantearon de entrada durante el debate parlamentario.
¿CÓMO SE PAGARÁ LA DEUDA? EL DETALLE DE LAS CUOTAS Y LOS PLAZOS
El mecanismo aprobado establece un esquema de reembolso diferido para evitar un salto brusco en los montos mensuales que reciben los clientes en sus boletas. La cobranza de esta deuda en particular no partirá de inmediato, sino que arrancará recién en el año 2028 y se extenderá hasta el 2035.
La ministra de Energía, Ximena Rincón, detalló la fórmula matemática que verán los usuarios en sus cobros futuros. Actualmente, cada boleta incluye un cargo de $22 por kilovatio hora (KWh) para saldar la deuda con las empresas generadoras. Ese cobro bajará a $9 en 2028, punto en el que se sumarán $5 por KWh para cubrir este nuevo fondo de las distribuidoras, amortiguando el impacto final en el bolsillo de los hogares.
SUBSIDIO EXTENDIDO Y ACUERDOS PARA PACIENTES ELECTRODEPENDIENTES
Junto al calendario de pagos, la ley extiende la vigencia del subsidio eléctrico hasta el año 2027, un alivio directo para los sectores de menores ingresos que enfrentan las alzas de la luz. En paralelo, el trabajo de la Comisión de Energía —encabezado por la senadora Yasna Provoste tras 16 audiencias públicas— derivó en un protocolo de acuerdo para impulsar mejoras estructurales en el sistema.
Dentro de los compromisos adquiridos figuran:
- Pacientes electrodependientes: Explorar mecanismos de descuento aplicados al consumo real de los equipos médicos vitales.
- Calidad de servicio: Exigir inversiones en distribución y modernización de redes para evitar cortes prolongados durante emergencias climáticas.
- Transparencia tarifaria: Fijar una hoja de ruta clara para los procesos de fijación de precios y contratos de transmisión.
CUESTIONAMIENTOS POR EL REPARTO DEL COSTO EN REGIONES
A pesar de la aprobación mayoritaria, la sesión no estuvo libre de fricciones. Varios legisladores marcaron sus aprensiones al recordar que el costo total de la deuda lo asumirán directamente los usuarios y no el Estado, debido a la falta de arcas públicas para absorber el monto acumulado.
Diputados y senadores de distintos distritos criticaron que la norma aplique un cargo uniforme por kilovatio hora sin diferenciar entre el nivel socioeconómico de los clientes o las realidades territoriales de cada región. Pese a estos reparos por la asimetría del modelo, la urgencia por evitar cobros de golpe inclinó la balanza y el texto quedó listo para convertirse en ley de la República.
