La exatleta olímpica se sumará al equipo de asesores del Segundo Piso bajo la jefatura de Alejandro Irarrázaval. El movimiento ocurre mientras la Contraloría aún revisa las irregularidades por el uso de un vehículo fiscal que provocaron su renuncia, desatando duras críticas de analistas por la pérdida de responsabilidad política.
Apenas veinticuatro días pasaron para que Natalia Duco cruzara de nuevo los patios de Palacio. La exministra del Deporte dejó su cargo el pasado 14 de agosto acorralada por cuestionamientos en el uso de un vehículo fiscal, un caso que todavía sigue bajo la lupa del órgano contralor. Sin embargo, lo que parecía un portazo definitivo para contener una crisis terminó siendo apenas un breve paréntesis.
Duco no vuelve a liderar una cartera, pero aterriza en un espacio clave: el denominado Segundo Piso de La Moneda, la oficina comandada por Alejandro Irarrázaval donde opera el círculo de mayor confianza del presidente José Antonio Kast. Ahí asumirá tareas ligadas al área deportiva, en un enroque donde curiosamente Francisco Riveros tomó la posta en el Ministerio del Deporte tras dejar ese mismo Segundo Piso.
La «renuncia con elástico» y la señal hacia la ciudadanía
El sorpresivo desembarco reabrió de inmediato el debate sobre los costos políticos reales de las autoridades cuestionadas. Sergio Huertas, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Mayor, define la maniobra sin rodeos como una «renuncia con elástico», advirtiendo que este tipo de decisiones confunden la lealtad personal con la responsabilidad política que exige el Estado.
Para el analista, sacar a una autoridad de la primera línea para luego reinstalarla en el entorno presidencial debilita la credibilidad de las instituciones. «El costo político de la remoción se traslada desde la autoridad cuestionada hacia el propio Ejecutivo», señala Huertas, apuntando a que las salidas terminan pareciendo un simple cambio de oficina en lugar de una sanción efectiva.
El factor Contraloría y el riesgo para el entorno presidencial
La jugada encierra además un flanco abierto que puede resultarle muy caro al Ejecutivo. La Contraloría General de la República aún no emite su dictamen final sobre las anomalías con el vehículo fiscal que provocaron la salida de Duco en agosto. Si el ente fiscalizador determina responsabilidades administrativas o faltas a la probidad, el golpe no afectará a una exministra en el retiro, sino a una asesora en ejercicio dentro de La Moneda.
Desde la Usach, la académica Eugenia dos Santos enfatiza que este tipo de maniobras genera confusión en la opinión pública sobre los estándares de transparencia del Gobierno. La ciudadanía percibe una contradicción directa entre el discurso de probidad y las decisiones definitivas, dejando flotando la pregunta incómoda de qué significó realmente la renuncia de la exatleta si jamás llegó a salir del todo de la administración pública.
