Un informe revela que el Complejo Penitenciario de la Comuna operó a más del 115% de su capacidad en el segundo semestre de 2025. Los millonarios desembolsos forman parte de las compensaciones que el Estado debe entregar a la concesionaria por el hacinamiento penal.
El Fisco chileno enfrenta una millonaria sangría de recursos para mantener el sistema carcelario privado. Según una investigación de Bio-Bío, entre todas las cárceles concesionadas del país, el Complejo Penitenciario de Alto Hospicio destaca como uno de los recintos que más dinero le cuesta al Estado por concepto de indemnizaciones ante la sobrepoblación penal.
Durante el segundo semestre de 2025, el recinto de la Región de Tarapacá funcionó a un 115,1% de su capacidad contratada, registrando una escalada continua que pasó del 106,8% en julio al 121,4% en diciembre. Esta sobreocupación obligó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a desembolsar aproximadamente $2.828 millones en un solo pago ejecutado en marzo de 2026 en favor de la Sociedad Concesionaria BAS S.A., operadora del penal junto a los complejos de La Serena y Rancagua.
Incentivos cruzados y proyección de gasto
El mecanismo contractual establece que, al superarse el límite de internos fijado por contrato, el Estado debe compensar económicamente a las empresas para resguardar los costos de operación. El propio Ministerio de Justicia reconoció que el modelo genera «un incentivo perverso para ingresar más privados de libertad al recinto», razón por la cual existen estas multas que buscan frenar el sobrecupo, aunque la falta de infraestructura pública deja al sistema sin alternativas de derivación.
Debido a que el volumen de imputados y condenados en Alto Hospicio no ha descendido durante el primer semestre de 2026, las estimaciones apuntan a que el Fisco duplicará el desembolso a fines de septiembre, proyectando un gasto anual que superará ampliamente los $5.500 millones solo por la sobrepoblación del penal tarapaqueño.
Cuestionamientos al modelo concesionado
El exdirector nacional de Gendarmería, Christian Alveal, criticó duramente estos pagos, calificándolos como «draconianas multas» que desvían fondos que podrían destinarse a nueva infraestructura. A nivel nacional, la suma por hacinamiento en cárceles privadas bordeará los $38 mil millones este 2026, monto que en menos de seis años equivaldría a construir un penal totalmente nuevo.
Pese a los cuestionamientos por la pérdida de recursos fiscales en la zona y las ampliaciones proyectadas para el recinto de Alto Hospicio, el Ejecutivo confirmó que mantendrá el modelo de concesiones en el país, limitándose a traspasar a Gendarmería los programas de reinserción social para intentar frenar la reincidencia.
