Con un ajuste del 2,5% del presupuesto 2026, el Minsal instruyó a hospitales reforzar el control de licencias médicas, focalizar horas extraordinarias y optimizar compras. “Esto busca eficiencia en recursos humanos y bienes y servicios”, sostuvo el subsecretario Julio Montt ante los 29 Servicios de Salud del país.
Un control más estricto a las licencias médicas, reducción de horas extraordinarias, límites a suplencias y compras más centralizadas. Ese es parte del paquete de medidas que el Ministerio de Salud (Minsal) comenzó a transmitir a los 29 Servicios de Salud del país para enfrentar el ajuste presupuestario de 2026, en un escenario marcado por presiones fiscales, aumento del gasto hospitalario e inquietud entre directivos y trabajadores de la red pública.
El plan —presentado el pasado 12 de mayo por el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, ante los directivos de servicios de salud— apunta a implementar lo que el Gobierno denomina “medidas concretas de eficiencia”, con el objetivo de absorber parte de la reducción presupuestaria mandatada por Hacienda sin afectar, según insiste la autoridad sanitaria, la atención de pacientes.
La estrategia se enmarca en el recorte del 2,5% del presupuesto del Ministerio de Salud para 2026, porcentaje que desde la cartera han defendido como menor al 3% inicialmente solicitado por Hacienda y que, aseguran, no comprometerá prestaciones clínicas ni programas prioritarios.
El corazón del ajuste: menos horas extra y mayor control al ausentismo
Aunque el ajuste incluye múltiples áreas, el foco principal está puesto en la gestión interna de hospitales y servicios de salud, particularmente en recursos humanos.
Dentro de las directrices entregadas por el subsecretario Montt aparece un endurecimiento de los controles sobre el ausentismo laboral, especialmente en casos de licencias médicas cortas y reiteradas.
Entre las medidas instruidas figura el seguimiento mensual de licencias recurrentes, la aplicación de descuentos cuando existan licencias rechazadas o reducidas por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), el monitoreo de funcionarios con más de 180 días de licencia médica, además del cierre de sumarios vinculados a eventuales irregularidades por mal uso de estos permisos.
A ello se suma un componente preventivo: los establecimientos deberán reforzar coordinación con mutualidades para abordar casos recurrentes y disminuir factores de ausentismo prolongado.
Pero una de las señales más fuertes apunta a las horas extraordinarias.
La instrucción del Minsal es reducir el uso indiscriminado de horas extra y focalizar su autorización principalmente en áreas clínicas, priorizando turnos asistenciales y servicios críticos. Paralelamente, se recomienda privilegiar el tiempo compensatorio por sobre el pago de horas extraordinarias, buscando disminuir parte del gasto operacional hospitalario.
El ajuste fiscal detrás del plan
La ofensiva por eficiencia responde a un escenario presupuestario más estrecho para el sector salud.
Según datos expuestos por Redes Asistenciales, el gasto operacional de los servicios de salud aumentó 3,9% respecto al mismo período de 2025, mientras la ejecución presupuestaria del primer trimestre alcanzó un 32%, cifras que encendieron alertas respecto al ritmo de gasto.
En ese contexto, el Minsal estructuró un plan de contención distribuido en distintas áreas.
Del total del ajuste, aproximadamente $83.935 millones apuntan a gestión de ausentismo y recursos humanos; $99.806 millones corresponden a eficiencia en compras, logística y abastecimiento; y otros $18.856 millones recaen en programas no asociados directamente a actividad asistencial.
Desde el ministerio han insistido en que la reducción no afectará la dotación clínica ni implicará disminución de personal asistencial.
La ministra de Salud, May Chomali, defendió recientemente el proceso asegurando que los ajustes representan, en promedio, solo un 1,1% de los recursos operacionales hospitalarios, descartando impactos significativos en prestaciones.
Como ejemplo, la autoridad detalló que el ajuste para el Hospital Sótero del Río asciende a $3.182 millones, equivalente al 1,1% de su presupuesto operacional; el Hospital del Salvador deberá reducir cerca de $2.757 millones, equivalente al 1,4%, mientras que el Hospital Regional de Antofagasta enfrentará un ajuste cercano a $2.049 millones, correspondiente al 1,2% de sus recursos.
Menos honorarios, más control y compras centralizadas
El ajuste no se limita a licencias y horas extra.
La hoja de ruta presentada a los servicios de salud también propone disminuir honorarios administrativos, revisar cargos cubiertos por convenios con personas naturales e identificar vacantes susceptibles de ser absorbidas con personal ya disponible dentro de la red.
En suplencias y reemplazos, la instrucción es clara: priorizar únicamente unidades clínicas, servicios de urgencia y turnos críticos 24/7, evitando reemplazos considerados no esenciales o autorizaciones extemporáneas.
Otro eje importante apunta a bienes y servicios.
La cartera busca fortalecer las compras centralizadas mediante Cenabast, convenio marco y coordinaciones por macrozonas, reduciendo adquisiciones excepcionales y limitando el trato directo solo a casos debidamente justificados.
Además, el ministerio pidió avanzar hacia la estandarización de insumos quirúrgicos y dispositivos médicos, mejorar programación de medicamentos y disminuir compras extraordinarias que suelen generar sobrecostos.
Incluso servicios básicos como electricidad quedaron bajo revisión, con instrucciones para reevaluar tarifas y optimizar consumo energético hospitalario.
Hospitales entre la incertidumbre y la falta de claridad
Pese a las señales de tranquilidad entregadas por el Minsal, al interior de hospitales públicos existe preocupación.
Directivos consultados por distintos medios han advertido que, hasta ahora, gran parte de las medidas han sido transmitidas de forma general y sin lineamientos específicos para cada recinto, dejando a hospitales y servicios la responsabilidad de diseñar sus propios mecanismos de ajuste según sus realidades locales.
Esa falta de “bajada operativa”, sostienen algunos actores del sistema, ha abierto espacios de incertidumbre tanto en funcionarios como en gremios, particularmente ante el temor de que restricciones presupuestarias terminen afectando capacidad de respuesta hospitalaria.
La crítica de gremios: “Los pacientes no pueden pagar el déficit fiscal”
Uno de los cuestionamientos más fuertes vino desde el Colegio Médico de Santiago.
Su presidenta, Francisca Crispi, cuestionó el alcance de los recortes y advirtió que el ajuste podría terminar repercutiendo en atención clínica, hospitalizaciones, recursos humanos e infraestructura.
“Existe una contradicción evidente: el gobierno afirma que los recortes no afectarán la atención, pero el decreto de Hacienda demuestra lo contrario”, señaló.
La dirigenta añadió que una reducción presupuestaria de esta magnitud podría comprometer financiamiento para miles de hospitalizaciones, además de afectar personal, equipamiento e insumos médicos.
Desde el Minsal, sin embargo, mantienen una postura distinta: aseguran que la meta es hacer más eficiente el sistema, reducir gastos innecesarios y mejorar gestión, sin tocar prestaciones ni afectar directamente a pacientes.
Un equilibrio complejo: eficiencia versus presión asistencial
La implementación del ajuste abre un desafío delicado para el sistema público de salud: equilibrar eficiencia financiera con continuidad operacional.
Mientras Hacienda exige mayor disciplina fiscal y el Minsal intenta contener el gasto, hospitales enfrentan alta demanda asistencial, listas de espera persistentes, presión sobre urgencias y déficit estructurales en distintas regiones.
Por ahora, el mensaje oficial apunta a que el recorte será absorbido mediante mejor gestión. Sin embargo, el éxito —o fracaso— de la estrategia dependerá de cómo cada hospital logre implementar medidas de ahorro sin tensionar aún más un sistema que ya opera bajo exigencia permanente.
