Una sesión que prometía avanzar en materias de prevención del delito terminó en un escándalo legislativo luego de que a tres mujeres, representantes institucionales que iban a entregar su testimonio técnico, se les negara el derecho a hablar y fueran apartadas y expulsadas de la mesa central. La accidentada jornada también estuvo marcada por duros emplazamientos al Gobierno por la inexistencia de un plan formal contra el crimen y el desorden en las citaciones ministeriales.
Lo que debía ser una jornada de debate técnico y avance legislativo en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados se transformó en uno de los episodios más tensos y polémicos del último tiempo. La sesión, celebrada este lunes, quedó eclipsada por una seguidilla de desencuentros procedimentales que culminaron con la abrupta censura y exclusión de tres funcionarias y representantes públicas que habían sido invitadas a exponer, desatando acusaciones cruzadas y un evidente bochorno institucional.
Censura y expulsión: «Una vergüenza espantosa»
El punto de mayor fricción, que paralizó el trabajo legislativo, se produjo cuando la comisión se disponía a escuchar las presentaciones de tres mujeres profesionales que acudieron en representación del Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y el Ministerio de Seguridad. Las invitadas, que habían viajado especialmente desde Santiago para entregar su testimonio y análisis sobre los proyectos en tabla, se encontraron con un muro reglamentario que les negó tajantemente la posibilidad de hablar y las desplazó de la sala de exposiciones.
La situación se detonó cuando el diputado Raúl Leiva, haciendo uso estricto del reglamento de la corporación, negó la unanimidad necesaria para que las tres mujeres pudieran permanecer sentadas en la mesa principal y participar del debate. Ante la negativa reiterada del parlamentario, el presidente de la instancia, Cristián Araya, se vio obligado a aplicar la normativa y ordenar que las invitadas fueran relegadas a la segunda fila, marginándolas efectivamente de la discusión de los cuatro proyectos de ley en curso.
“Lo brutal es que, en esa misma lógica, tengo que pedirle perdón a tres mujeres… Me avergüenza absolutamente la situación y la negativa del diputado Leiva de que no puedan permanecer. Con una vergüenza espantosa, como presidente de la Comisión de Seguridad, les pido disculpas”, manifestó la autoridad que dirigía la mesa, lamentando profundamente el humillante trato hacia las expositoras.
Por su parte, el diputado Leiva defendió su postura argumentando que se trataba del ejercicio legítimo de un derecho parlamentario y apuntó a previas faltas de respeto por parte del Ejecutivo. «No me parece la forma en que se refiere a un poder del Estado… No doy la unanimidad mientras no se nos muestre un mínimo de respeto», justificó el legislador, aludiendo a comentarios presuntamente irónicos que la Subsecretaría había emitido previamente contra los diputados del Congreso.
Emplazamiento por el Plan de Seguridad: «No queremos un librito anillado»
El bochorno con las invitadas fue solo el corolario de una sesión que ya venía cargada de artillería política pesada. Durante la primera parte del encuentro, gran parte de los parlamentarios opositores se unió para reiterar los oficios de fiscalización (N°3976 y N°5075) que exigen al Ministerio de Seguridad la entrega inmediata de la estrategia gubernamental.
El propio diputado Leiva lideró la arremetida inicial: «Lo cual no significa que tenga que venir anillado, significa que tiene que ser informado. Para que un plan sea tal, tiene que establecer fechas, KPIs y formas de fiscalización», exigió, pidiendo que la solicitud de transparencia se despachara con copia directa al Presidente de la República.
A este reclamo se sumó el diputado Bernardo Salinas, quien recordó que el control de la delincuencia fue un pilar estratégico de la campaña presidencial: «Me imagino que cuando fue la campaña electoral del presidente Kast, no creo que no tuviera planificado y elaborado los contenidos… Me extraña que no tengamos un plan como se ha solicitado con ingeniería de detalles», fustigó.
Desorden de correos y defensas oficialistas
El clima de tensión aumentó con la intervención de la diputada Naveillán, quien denunció un insólito nivel de desorganización administrativa por parte de la cartera que dirige Trinidad Steinert. La parlamentaria solicitó al secretario leer un contradictorio intercambio de correos electrónicos donde, con minutos de diferencia, asesores del gabinete ministerial confirmaban y luego cancelaban la asistencia de la secretaria de Estado por un tope de horario con el Senado.
“Me parece una vergüenza este desorden en el Ministerio de Seguridad, donde hasta que empezó la sesión no teníamos claridad de si la ministra venía o no”, criticó duramente la diputada.
Desde la vereda oficialista, los diputados Juan Antonio Coloma y un parlamentario de apellido Cretton salieron al paso de los ataques, asegurando que el documento estratégico será expuesto el próximo 1 de junio y que la administración actual ha operado con plazos mucho más rápidos que el Gobierno anterior. «Me gustaría que pudiésemos citar al exministro de seguridad del gobierno de Boric para que nos exponga cuánto se cumplió del Plan Calles sin Violencia… No fueron seis ni trece meses como las administraciones anteriores», replicaron, intentando blindar la gestión del Ejecutivo en medio de una de las comisiones más accidentadas y polémicas del año legislativo.
