“Cada peso del Estado cuenta porque es plata de todos los chilenos”, enfatizó Hacienda al presentar un proyecto que endurece las sanciones contra funcionarios involucrados en licencias médicas fraudulentas, en medio del debate sobre eficiencia del gasto público y probidad estatal.
El Gobierno endureció su ofensiva contra el uso fraudulento de licencias médicas en el sector público. En el marco del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, el Ministerio de Hacienda anunció una medida que apunta directamente a funcionarios que falsifiquen, adulteren o hagan un uso indebido de permisos médicos: la destitución del cargo, junto con una modificación normativa que busca tipificar estas conductas como una infracción al principio de probidad en el ejercicio de funciones públicas.
La propuesta fue defendida por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien aseguró que el Ejecutivo busca cerrar espacios a prácticas que —según advirtió— no solo afectan el correcto funcionamiento del aparato estatal, sino que además generan un impacto económico significativo para las arcas fiscales.
“Todos hemos sabido la situación que ha habido con las licencias médicas fraudulentas, con faltas a la probidad y lo que estamos buscando acá es básicamente que se sancione la infracción respecto a las licencias médicas como una contravención al principio de probidad en el ejercicio de funciones públicas”, sostuvo el secretario de Estado.
¿Qué propone el proyecto?
De acuerdo con los lineamientos presentados por Hacienda, el proyecto de Reconstrucción Nacional establece que cualquier funcionario público que falsifique, altere, obtenga de manera irregular o haga uso indebido de una licencia médica podría enfrentar la sanción más grave dentro del estatuto administrativo: la destitución del servicio.
La iniciativa no solo apunta a sancionar eventuales fraudes documentales, sino también conductas asociadas a ausencias injustificadas mediante licencias obtenidas irregularmente o incompatibles con el reposo prescrito.
Según explicó el ministro Quiroz, el objetivo del Ejecutivo es incorporar estas faltas dentro de los principios esenciales de la administración pública, particularmente el deber de probidad, fortaleciendo los mecanismos disciplinarios al interior del Estado.
“La expansión que propone el proyecto de ley para las funciones públicas se sancionará con la destitución, pero además tiene un elemento de contención de gastos”, afirmó el titular de Hacienda.
El costo de las licencias y las suplencias en el Estado
Uno de los puntos que el Gobierno puso sobre la mesa es el impacto financiero que tienen las ausencias prolongadas en organismos públicos.
De acuerdo con cifras entregadas por Hacienda, actualmente existen cerca de 25 mil funcionarios cumpliendo suplencias de manera permanente en el sector público, situación asociada, en parte, al reemplazo de trabajadores con licencias médicas extensas o reiteradas.
Bajo ese escenario, el Ejecutivo estima que una reducción parcial de casos irregulares podría traducirse en un importante ahorro fiscal.
“Nosotros estimamos que al menos un 10% de esos gastos de suplencias podrían ser reducidos o eliminados con esta medida, lo cual nos da un impacto en términos de ahorro estimado de 50 millones de dólares en régimen”, señaló Quiroz.
La cifra, equivalente a más de 46 mil millones de pesos chilenos aproximadamente, se transformó rápidamente en uno de los principales argumentos del Gobierno para impulsar la iniciativa, especialmente en medio de un escenario de restricción fiscal y presión sobre el gasto público.
El contexto: licencias médicas bajo la lupa
La propuesta aparece en medio de un debate que se ha intensificado durante los últimos años respecto al uso irregular de licencias médicas en Chile, particularmente en el sector público.
Casos de funcionarios realizando viajes, actividades laborales paralelas o situaciones incompatibles con periodos de reposo han derivado en sumarios administrativos, investigaciones de organismos fiscalizadores y cuestionamientos sobre los mecanismos de control existentes.
El tema también ha sido observado por organismos técnicos debido al impacto presupuestario que generan las ausencias prolongadas y los reemplazos temporales dentro de hospitales, municipios, servicios públicos y reparticiones estatales.
En ese contexto, el Ejecutivo busca instalar una señal política de mayor rigor administrativo, argumentando que la protección de recursos fiscales forma parte de una agenda de responsabilidad financiera.
Desde Hacienda han insistido en que el objetivo no es afectar a funcionarios que utilizan legítimamente licencias médicas, sino sancionar casos donde exista dolo, falsificación o un uso considerado incompatible con la función pública.
Debate abierto: control del gasto versus garantías laborales
Pese al respaldo que ha generado la medida en sectores que exigen mayor fiscalización del gasto estatal, el proyecto también podría abrir debate jurídico y sindical respecto a los límites de la sanción, los estándares probatorios y las garantías administrativas para acreditar fraude o uso indebido.
Expertos en derecho administrativo han advertido en ocasiones anteriores que cualquier medida disciplinaria extrema debe sustentarse en procedimientos robustos y pruebas concluyentes para evitar arbitrariedades o afectaciones a trabajadores que efectivamente enfrenten problemas de salud.
Con todo, el Ejecutivo ya posicionó el proyecto como una de las señales más fuertes de control fiscal dentro de la agenda de Reconstrucción Nacional, bajo la consigna de que —según el mensaje difundido por Hacienda— “cada peso del Estado cuenta porque es plata de todos los chilenos”.
