La subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, reconoció que la plataforma digital asociada a la implementación de la Ley de Seguridad Privada presenta problemas tecnológicos y módulos que no están funcionando correctamente, situación que ha provocado retrasos en los procesos de acreditación y certificación de trabajadores del rubro.
La autoridad abordó el tema este lunes en un medio nacional, donde explicó que, pese a que el reglamento de la normativa —dictado en 2024— ya se encuentra vigente, durante su implementación se detectaron diversas dificultades operativas.
La ley busca fortalecer la coordinación entre la seguridad privada y la seguridad pública, además de mejorar la formación, especialización y medidas de protección para guardias y vigilantes.
Según detalló Quintana, la plataforma destinada a la acreditación de trabajadores y al ingreso de planes de seguridad por parte de los llamados “entes obligados” se encuentra parcialmente habilitada. “Cuando llegamos en marzo, nos dimos cuenta de esta dificultad logística, pero, además, tuvimos la posibilidad de reunirnos con los entes obligados, sobre todo porque verificamos que había problemas”, señaló.
La subsecretaria explicó que algunos módulos estaban operativos, pero no funcionaban correctamente, mientras que otros ni siquiera habían sido habilitados, afectando directamente a quienes deben desempeñarse en actividades ligadas a la seguridad privada.
Asimismo, indicó que existe una problemática relacionada con la clasificación de funciones y responsabilidades dentro del rubro, por lo que será necesario delimitar de mejor manera las capacitaciones y tareas correspondientes a cada cargo.
Quintana destacó además la importancia de esta legislación, especialmente porque también regula materias vinculadas a eventos masivos. “Esta es una ley que es muy relevante desde el punto de vista del orden y del control. Además, como implica participación de entes privados en el orden público, se produce un descalabro importante si es que esto no está funcionando como corresponde porque esta ley ya está en vigencia”, afirmó.
Respecto de la plataforma, aseguró que actualmente está “a medio habilitar”, y que incluso las herramientas disponibles presentan fallas de funcionamiento.
En ese contexto, explicó que el Ejecutivo impulsó una “ley corta” con el objetivo de evitar que miles de trabajadores pierdan la posibilidad de desempeñarse laboralmente por problemas administrativos y tecnológicos. “Esta ley corta tiene más bien la intención de que las personas que tenían que estar habilitadas ahora para el 28 de mayo no pierdan su posibilidad de trabajar, su certificación”, sostuvo.
Según precisó, alrededor de 33 mil personas podrían verse afectadas, tanto nuevos trabajadores como quienes debían renovar su certificación durante este período.
Por ello, el Gobierno solicitó extender el plazo de implementación hasta el 28 de noviembre, con el fin de contar con un sistema plenamente operativo. No obstante, Quintana reconoció que durante la discusión legislativa surgieron debates sobre la necesidad de robustecer la normativa y corregir los problemas detectados en su implementación.
La subsecretaria concluyó que “6 meses es poco”, adelantando que será necesario trabajar en nuevas modificaciones legales y debatir nuevamente el tema en el Congreso.
