
En una semana marcada por el debate sobre la transparencia en el servicio público, la senadora por Tarapacá, Danisa Astudillo, anunció que retomará una ambiciosa iniciativa legislativa para elevar los estándares de probidad en el Estado. El proyecto busca replicar las exigencias del sector privado en las instituciones públicas, estableciendo protocolos preventivos y mecanismos de control que operen de manera efectiva antes de que estallen escándalos de malversación de fondos.
Sin embargo, la propuesta de la parlamentaria coincide con una delicada investigación penal revelada por un reportaje de Teletrece, que involucra directamente a su hermano, el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo. La denuncia periodística expuso testimonios y chats de WhatsApp de exfuncionarios municipales que acusan presiones para entregar pagos de hasta $2,5 millones en efectivo, provenientes de sus bonos de gestión (PMGM), para financiar campañas. El caso, bautizado como “la cuota del doctor del pueblo”, ya es materia de indagación por la Fiscalía de Alta Complejidad.
En ese sentido, Danisa Astudillo, senadora por la Región de Tarapacá, manifestó que “la ciudadanía está cansada de los abusos y de ver cómo se despilfarran los recursos públicos. Tenemos leyes que sancionan la corrupción, pero ninguna la previene. Ese es el vacío que quiero cerrar con este proyecto que obliga al Estado a tener protocolos concretos y responsables claros”. La legisladora enfatizó que la confianza se recupera impidiendo que la corrupción ocurra.
INVESTIGACIÓN PENAL EN CURSO
El escenario judicial para el entorno del jefe comunal se ha complejizado tras la aparición de documentos inéditos que darían cuenta de una nómina de funcionarios presuntamente obligados a realizar aportes. Según los antecedentes, el dinero debía ser entregado por mano al administrador municipal, Gerardo Sánchez, para evitar dejar rastros financieros. Los testimonios apuntan a que existía una coacción directa, bajo la amenaza de perder el puesto de trabajo si no se cumplía con la exigencia.
Frente a las acusaciones, desde el municipio han descartado la participación de Luis Astudillo en estos hechos, señalando que el administrador municipal realizó una autodenuncia ante la Fiscalía tras la emisión del reportaje. Mientras el Ministerio Público avanza con la toma de declaraciones a testigos claves como la exdirectora de Dideco, el vínculo familiar entre la senadora y el edil pone en el centro de la discusión la urgencia de su propuesta legislativa orientada a la transparencia y probidad.




