El Juzgado de Garantía de Pozo Almonte formalizó al edil Richard Godoy por la emisión de facturas falsas y simulación de operaciones entre 2016 y 2021. Según la Fiscalía, el jefe comunal actuaba como administrador de una empresa privada que causó un daño superior a los $1.300 millones al Servicio de Impuestos Internos.
La investigación contra la máxima autoridad comunal de Pozo Almonte dio un paso clave en los tribunales de la Región de Tarapacá. El Juzgado de Garantía dejó bajo las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual al alcalde Richard Alfonso Godoy Aguirre, tras ser formalizado como autor de delitos tributarios reiterados cometidos durante un periodo de cinco años.
En la audiencia realizada este viernes 14 de agosto, el magistrado Víctor Sanhueza Bravo dio luz verde a las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, las cuales no sumaron oposición por parte de la defensa del edil. El tribunal fijó además un plazo de 120 días para que el Ministerio Público desarrolle la investigación, buscando esclarecer el entramado de evasión que afecta directamente las arcas fiscales.
ADMINISTRACIÓN PARALELA Y USO DE 45 FACTURAS FALSAS
El origen del caso no apunta directamente a las arcas municipales, sino a la actividad privada del jefe comunal. Según la acusación leída por el ente persecutor, Godoy ejercía como administrador de hecho de la Empresa de Mantención a la Minería y Comercialización Limitada (EMYC) a la par de sus funciones públicas, rol desde el cual articuló las irregularidades contables.
La fiscalía sostiene que el imputado utilizó 45 facturas ideológicamente falsas emitidas por cinco supuestos proveedores para respaldar operaciones que jamás existieron. Con esta maniobra, la firma lograba un aumento malicioso e indebido de los créditos fiscales declarados en sus formularios N°29, pagando montos muy inferiores a los que correspondían por concepto de Impuesto a las Ventas y Servicios (IVA).
UN DAÑO DE MÁS DE 1.300 MILLONES DE PESOS AL FISCO
El mecanismo permitía generar una diferencia entre los créditos fiscales reales e informados en el registro electrónico de compras y ventas de la compañía y lo que finalmente se declaraba ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). Todo este esquema funcionó sin el respaldo documental exigido por la ley.
Las cifras que maneja la justicia son elevadas. El perjuicio fiscal actualizado alcanza la suma de 1.316.591.501 pesos por concepto de impuestos a la renta y servicios que la empresa dejó de pagar al SII. Ahora, con el alcalde con prohibición de salir del país y sujeto al control de firma, la fiscalía iniciará los cuatro meses de diligencias para llevar la causa a juicio.
