En un paso decisivo para la tramitación legislativa, la Comisión de Constitución del Senado anunció que la próxima semana se realizará la votación en general del proyecto que modifica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA). Tras cuatro años de discusión, la iniciativa busca ser despachada a Sala, planteando un aumento en el cumplimiento efectivo de las penas para menores de edad en delitos específicos y casos de reincidencia, endureciendo el catálogo para crímenes graves como homicidio o secuestro.
El debate se intensificó esta semana al abordar la «irreprochable conducta anterior», beneficio que impide considerar los delitos cometidos como menor de edad como agravantes una vez cumplidos los 18 años. Mientras los impulsores de la reforma alertan que las causas penales con menores se han duplicado en el último lustro, organismos técnicos como la Defensoría Penal Pública advierten riesgos en estos cambios sin evaluar la nueva institucionalidad de reinserción juvenil implementada recientemente.
Es así como, Candy Fabio, oficial de protección de la UNICEF en Chile, manifestó que “el endurecimiento de penas no tendrá un efecto concreto en la seguridad. La experiencia y evidencia muestran que medidas como las propuestas no son efectivas en la prevención de delitos, todo lo contrario: a más años de privación de libertad, hay mayor incentivo para la comisión de delitos”. La representante recalcó que estas medidas podrían generar el efecto opuesto al deseado.
Por su parte, Andrés Longton, senador de Renovación Nacional (RN), precisó que “revisamos las reglas de Beijing en relación con la Convención de los Derechos del Niño. Establece recomendaciones, no es vinculante al Estado de Chile, y yo no encontré ninguna norma que limitara o eliminara la irreprochable conducta anterior”. El parlamentario subrayó que no existen impedimentos internacionales para ajustar esta figura legal.
Ante ello, Claudia Pascual, senadora del Partido Comunista (PC), planteó que se debe resolver cómo se va a valorar debidamente esta atenuante en infractores de ley menores de edad si continúan cometiendo delitos una vez adultos, poniendo dudas sobre su aplicación. Esta postura marca uno de los nudos críticos que la Comisión espera zanjar tras las audiencias de la Asociación Nacional de Fiscales y el INDH, previo a la votación definitiva la próxima semana.
