El senador independiente, Karim Bianchi, golpeó la mesa frente a la confección de las nuevas bases del recinto franco de Punta Arenas. Advirtió que la ciudadanía financia con sobreprecios el «cheque» que la Sociedad de Rentas Inmobiliarias le entrega al Gobierno Regional y solicitó un oficio urgente para destapar las utilidades reales de la administradora, llevando el debate técnico directamente al Senado.
El modelo actual de la Zona Franca de Magallanes entró en una zona de cuestionamiento profundo y directo. Con las bases de la próxima licitación cocinándose a paso firme, el senador Karim Bianchi encendió las alarmas por el millonario impacto que este proceso tendrá en el día a día de las familias magallánicas.
El nudo crítico es gigante: la próxima concesión amarrará el funcionamiento del recinto por los próximos 30 años, una ventana de tiempo enorme en la que no se podrá cambiar absolutamente nada si el contrato se firma bajo las condiciones abusivas vigentes. Para el legislador, el espacio perdió hace rato su brújula original. «Hoy la Zona Franca tiene exactamente el mismo precio que un mall cualquiera», disparó Bianchi, apuntando directamente a la excesiva carga de costos que la empresa administradora traspasa a los locatarios y, por rebote, a los clientes.
El diagnóstico que maneja el parlamentario es adverso para el bolsillo local. Aunque reconoce un trabajo correcto en el desarrollo de la infraestructura del módulo central, el sistema impositivo interno asfixia cualquier intento de rebaja en las etiquetas. Los empresarios instalados en el recinto deben lidiar con cobros fijos por metro cuadrado, valores altos de arriendo y, para colmo, un porcentaje directo sobre sus utilidades.
Ante este escenario, Bianchi desmitificó el clásico hito político del aporte anual que la concesionaria hace a las arcas locales. «Es muy bueno cuando la Zona Franca llega y entrega un cheque a la región para el FNDR y se saca la foto con el gobernador, pero resulta que ese cheque lo termina pagando hoy día la ciudadanía», fustigó de manera categórica.
Oficio de transparencia y freno al monopolio del Gore
Para romper el secretismo que rodea las finanzas del motor comercial de Punta Arenas, la ofensiva fiscalizadora se trasladó al papel. El senador solicitó formalmente un oficio dirigido a la Gobernación Regional de Magallanes con una exigencia clara: transparentar de forma inmediata las utilidades que ha percibido la Sociedad de Rentas Inmobiliarias por concepto de la administración.
Al día de hoy, estos balances contables se manejan bajo estricto recelo corporativo, una opacidad que Bianchi considera inaceptable ad portas de redactar un contrato que regirá hasta mediados de siglo. El objetivo de transparentar los números es simple: saber a ciencia cierta si el alto costo de la vida en el recinto es culpa del aislamiento geográfico o de la excesiva ganancia de la concesionaria.
Por otra parte, la estrategia apunta a que el Gobierno Regional deje de operar como el único redactor de las exigencias del concurso público. Al tratarse de un patrimonio estratégico que golpea el bien común de toda una región, la discusión debe abrirse a la revisión técnica nacional. «Sé que el Gore tiene la facultad de hacer las bases porque se les entregó la administración, pero yo no creo que tengan que ser los exclusivos», argumentó el parlamentario, valorando la intención del Ministerio de Hacienda de sumarse como un colaborador técnico en el proceso.
Citación clave en la Comisión de Zonas Extremas
Para forzar esta apertura y evitar que las cláusulas se sigan discutiendo a puertas cerradas, la presión política se trasladará de inmediato a Valparaíso. Bianchi solicitó citar de manera urgente al Gobernador Regional y a las autoridades de Hacienda ante la Comisión de Zonas Extremas del Senado. La meta es que expongan abiertamente el cronograma, los criterios de postulación y las herramientas normativas que se van a incorporar para defender al consumidor final.
La mesa de trabajo que impulsarán los representantes regionales en el Congreso buscará establecer exigencias mínimas para el nuevo período comercial:
- Frenos a los cobros abusivos: Evaluar si ítems como el porcentaje por utilidad o el cobro rígido por metro cuadrado deben eliminarse en la licitación que viene.
- Reglas que incentiven el consumo: Diseñar mecanismos reales para que las exenciones de impuestos de la franquicia se traduzcan en un alivio verdadero para las compras de las familias.
- Mayor atracción de inversión: Modificar las bases para que ingresar a competir al recinto no sea un privilegio exclusivo de grandes consorcios, dinamizando la oferta local.
Magallanes enfrenta una encrucijada donde el conformismo no es opción. «No podemos conformarnos con mantener el modelo actual; necesitamos reglas que promuevan mayor inversión, incentiven el consumo y entreguen más transparencia», sentenció el legislador, asegurando que la pelea legislativa está recién comenzando y que no permitirán que el desarrollo económico de la región quede hipotecado por tres décadas más en una simple sesión fotográfica.
