Mientras el oficialismo celebra lo que califica como un «primer paso fundamental» para reactivar la economía y el empleo, la oposición acusa al Gobierno de llevar al país hacia un «abismo fiscal» y de favorecer exclusivamente a los sectores más acaudalados. La iniciativa ahora se prepara para una compleja discusión en particular antes de llegar a la Sala.
En una sesión cargada de tensión política y duros cruces de declaraciones, la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó esta tarde la idea de legislar el proyecto de Reconstrucción Nacional, una de las iniciativas más emblemáticas y urgentes de la administración del Presidente José Antonio Kast. A pesar del avance, el debate dejó en evidencia una brecha profunda entre las coaliciones, marcada por reparos técnicos de organismos autónomos y visiones contrapuestas sobre el modelo de desarrollo para Chile.
Oposición en alerta: «Un proyecto para el 1% más rico»
Desde las filas opositoras, el rechazo fue tajante. El diputado Daniel Manouchehri (PS) lideró las críticas, acusando al Ejecutivo de ignorar las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo (CFA). «El gobierno, pese a todas las advertencias de los expertos y las instituciones, insistió en avanzar en su ley de los súper ricos», señaló el parlamentario, añadiendo que el proyecto busca beneficiar a los grupos más acaudalados a costa de la gran mayoría de la población.
Manouchehri fue más allá y lanzó un emplazamiento directo a La Moneda: «Lo que está haciendo actualmente el Presidente es llevar al país a un abismo», instando a retirar la propuesta actual para construir un acuerdo transversal. En la misma línea, la jefa de bancada del Frente Amplio, Carolina Tello, calificó de «error» insistir en fórmulas que, a su juicio, priorizan a los grandes grupos económicos mientras las familias esperan soluciones habitacionales y apoyo a las pymes.
Por su parte, Raúl Soto (PPD-Ind) tildó la iniciativa de «irresponsabilidad tremenda», asegurando que compromete las arcas fiscales por los próximos años. Soto hizo un llamado al Presidente Kast y al ministro Quiroz a «dialogar en serio» y retirar la urgencia para evitar un fracaso en la Sala.
Oficialismo defiende el avance: «Es hora de legislar, no de diagnosticar»
En la vereda opuesta, el oficialismo cerró filas en torno a la reforma. El presidente de la comisión de Hacienda, Agustín Romero (Partido Republicano), valoró que se deje atrás la etapa de diagnósticos para pasar a la acción. «Chile está aburrido de que la clase política viva en discusiones respecto de temas que ya están resueltos; hoy día el diagnóstico es claro, el país está estancado», afirmó Romero, subrayando que la labor de un diputado es buscar soluciones concretas a través de la legislación.
Desde Renovación Nacional, el diputado Francisco Orrego calificó la aprobación como una «buena noticia y la herramienta que Chile necesita para salir del estancamiento», distanciándose de lo que llamó «ideologías del pasado». Asimismo, la diputada Marlene Pérez (UDI-Ind) destacó la necesidad de entregar certezas económicas, especialmente para las Pymes y las familias de regiones.
Finalmente, el diputado Erich Grohs (Partido Nacional Libertario) enfatizó que la prioridad debe ser el crecimiento. «Chile lleva demasiado tiempo marcado por el estancamiento y esta reforma es la medida que necesitamos para volver a levantarnos», puntualizó, haciendo un llamado a deponer las peleas políticas en favor de la generación de empleo.
El camino legislativo que resta
Tras este primer visto bueno en general, el proyecto entra en una fase crítica de discusión detallada. El oficialismo espera mantener el impulso para llevar la norma a la Sala, mientras que la oposición ya anunció que intentará revertir la decisión en la discusión en particular, buscando introducir cambios profundos o frenar los artículos que consideran más perjudiciales para la estabilidad fiscal del país.
“Podrán intentar silenciarnos en la comisión, pero no lo van a hacer ante los chilenos”, sentenció el diputado Daniel Manouchehri tras la votación, resumiendo el clima de confrontación que marcará las próximas dos semanas de trámite.
