Con 81 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el informe final de la comisión investigadora del caso ProCultura; una de las aristas más relevantes del Caso Convenios.
El documento, elaborado entre noviembre de 2024 y marzo de este año, -antes que salieran a la luz nuevas filtraciones como las conversaciones del director ejecutivo Alberto Larraín o la salida del fiscal Patricio Cooper-, revela un patrón sistemático en la asignación directa de fondos públicos a la fundación, apuntando a una red de vínculos políticos, falta de fiscalización y tercerizaciones cuestionables.
En específico, la investigación del Ministerio Público retrata el pacto de 18 convenios en ocho regiones; todos por más de 5.800 millones de pesos adjudicados a la ONG presidida por el psiquiatra Alberto Larraín. En los dos años de indagatoria, la Fiscalía ha construido “indicios” de lavado de activos, fraude al Fisco, tráfico de influencias, apropiación indebida y estafa en proyectos realizados en Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Ñuble, Biobío, Aysén, Magallanes y la Región Metropolitana.
Es más, uno de los acuerdos más cuantiosos fue el programa de prevención del suicidio suscrito con el Gore Metropolitano, dirigido por Claudio Orrego (ex DC), quien conocía a Alberto Larraín desde sus días como alcalde de Peñalolén. Así fue que, en 2022, tras el visto bueno de los consejeros regionales, el Gore Metropolitano transfirió de una vez $ 1.683 millones a la fundación, de los cuales quedaron $ 1.000 millones sin ser rendidos ni devueltos.
Frente a estos hechos, el texto plantea propuestas concretas, como limitar las asignaciones directas, fortalecer a la Contraloría, imponer auditorías en tiempo real y establecer sanciones por conflictos de interés no declarados.
FUERA DE FOCO: DESVÍOS DE FONDOS Y VÍNCULOS AFECTIVOS
El informe, liderado por el diputado Andrés Longton (RN), sostiene que la fundación ejecutó 30 convenios desde 2019, movilizando más de $6.000 millones provenientes de ministerios, gobiernos regionales y municipios en al menos siete regiones del país. Según el texto, “los antecedentes recabados permiten apreciar un posible modus operandi sistemático, caracterizado por la asignación directa de fondos, una deficiente fiscalización administrativa, debilidades en los procedimientos internos y frecuente tercerización de actividades hacia empresas vinculadas con la fundación”.
Se detectó también “una vinculación política o cercanía afectiva, constituyendo así un potencial mecanismo de desvío y defraudación de fondos públicos”.
El informe es claro en establecer que los hechos vinculados a la fundación “no constituyen casos aislados o excepcionales, sino más bien una problemática recurrente y sistémica que involucra diversas instituciones y actores públicos”.
Asimismo, el documento aprobado señala que el caso ProCultura reveló fallas estructurales en el sistema de transferencias públicas y una alarmante vulnerabilidad del patrimonio fiscal frente a la mala administración de recursos.
