El desglose del Informe Anual del Circuito Intersectorial de Femicidios reveló que la totalidad de las agresiones extremas ocurrieron en la comuna de Arica. Autoridades regionales de la Mujer y SernamEG exigen apretar las tuercas al sistema de protección tras confirmarse que casi la mitad de los agresores a nivel nacional contaban con denuncias previas.
Las cifras oficiales confirman la gravedad de la violencia de género en la puerta norte del país. El Ministerio de la Mujer y SernamEG presentaron el balance 2025 del Circuito Intersectorial de Femicidios, revelando que Arica y Parinacota contabilizó 11 agresiones extremas contra mujeres durante todo el período lectivo.
El informe detalló que la región registró siete femicidios frustrados, dos consumados y dos tentados, concentrándose la totalidad de los hechos en la comuna de Arica. Con estos antecedentes, la zona marcó una tasa regional de 1,5 femicidios consumados por cada 100 mil mujeres, situando la prevención territorial en el centro de la discusión pública.
La falla en los controles: denuncias previas que no evitaron el ataque
Uno de los datos más duros expuestos en el documento nacional apunta a la efectividad de los resguardos judiciales. En el 46,9% de los femicidios ocurridos en el país existían denuncias previas por violencia, pero apenas un 11,7% contaba con medidas cautelares vigentes al momento del ataque criminal.
Frente a esta brecha, la seremi de la Mujer, Greissy Cofré, remarcó la necesidad urgente de fortalecer la coordinación regional y actuar antes de que las агреsiones escalen. Cofré recalcó la postura expuesta por la ministra Judith Marín, señalando que el foco estatal debe ponerse en responder a tiempo en el territorio para que las cautelares no queden solo en el papel.
Acompañamiento a víctimas y avance en la Ley Integral
Desde la vereda del apoyo psicosociojurídico, el director regional (s) del SernamEG, Sebastián Peirano, enfatizó que tras cada número hay familias golpeadas y llamó a utilizar de forma temprana las redes de asistencia institucional para cortar el ciclo de la violencia.
A nivel de cobertura estatal, el organismo logró tomar contacto con el 89% de las sobrevivientes de femicidios frustrados en el país, presentando querellas judiciales en cerca del 47% de esos casos. Las autoridades regionales coincidieron en que la aplicación de la nueva Ley Integral ha permitido aceitar los engranajes entre las instituciones públicas para entregar respuestas más rápidas y proteger a las víctimas directas e indirectas.
