La Fiscalía formalizó al imputado de nacionalidad boliviana tras una serie de agresiones físicas, sexuales y amenazas registradas a fines de octubre. El tribunal estimó que su libertad representa un peligro latente para la seguridad de la víctima y fijó un plazo de 90 días para la investigación.
Los hechos se desencadenaron la noche del 24 de octubre en Alto Hospicio. Una discusión motivada por celos escaló rápidamente hacia la violencia extrema cuando el imputado arremetió brutalmente contra su expareja.
De acuerdo con el relato presentado en la audiencia de formalización por la abogada asistente (s) Valentina Quiroz, el sujeto agredió a la mujer con golpes de puño en distintas partes del cuerpo, para luego empujarla sobre una cama y consumar el ataque sexual. Lejos de detenerse, a la jornada siguiente volvió a cometer una agresión sexual contra la víctima, sumando ataques con un objeto punzocortante.
Ataque con tijeras y graves amenazas para evitar que huyera
El nivel de violencia que ejerció el imputado incluyó el uso de una herramienta para infligirle heridas corporales. El sujeto atacó a la mujer con una tijera y le provocó diversos cortes, buscando amedrentarla en todo momento.
Para asegurar que la víctima no buscase ayuda ni intentara escapar del inmueble, el hombre la amenazó directamente. Le advirtió con firmeza que la encontraría donde fuera si se atrevía a huir, manteniéndola bajo un constante estado de intimidación física y psicológica.
Detención en el trabajo e informes periciales clave
La denuncia oportuna permitió activar los protocolos de emergencia. Carabineros recibió el testimonio de la afectada e inició de inmediato las diligencias en terreno, logrando ubicar y detener al imputado directamente en su lugar de trabajo.
Durante la audiencia, la Fiscalía presentó un contundente paquete de pruebas para certificar la gravedad de lo ocurrido. Entre los antecedentes expuestos destacaron las diligencias de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (BRISEX) de la PDI y los informes médicos del hospital local, los cuales dieron cuenta fehaciente de la multiplicidad de lesiones y cortes que presentaba la víctima.
Tribunal decreta la máxima medida cautelar por riesgo para la víctima
Frente a la contundencia de los peritajes y el patrón de violencia exhibido, el Ministerio Público solicitó la medida cautelar más gravosa del sistema penal.
El tribunal acogió íntegramente la petición de la Fiscalía y decretó la prisión preventiva del imputado, considerando que su libertad constituye un peligro evidente para la seguridad y la integridad de la víctima. Además, el magistrado estableció un plazo de investigación de 90 días para consolidar los peritajes y avanzar hacia el juicio oral.
