La ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, encabezó la Cuenta Pública Participativa 2026, instancia donde proyectó la conversión del organismo hacia una gestión estratégica del territorio fiscal, priorizando la seguridad, el crecimiento económico y las soluciones sociales para Chile y sus regiones.
Es así como en el balance regional para Tarapacá, la titular de la cartera destacó la destinación de 8,4 hectáreas orientadas al fortalecimiento de la seguridad, abarcando 6,2 hectáreas para la futura Escuela de Formación de Carabineros, además de terrenos para optimizar la infraestructura de control fronterizo. En materia habitacional, la zona sumará 85 hectáreas transferidas gratuitamente al SERVIU dentro del plan nacional de emergencia.
Respecto a la estrategia ministerial, la secretaria de Estado enfatizó las líneas de acción del periodo, argumentando que la prioridad del Gobierno está puesta en recuperar el control del territorio y activar activos subutilizados.
En esa misma línea, la ministra de Bienes Nacionales aseveró que «nuestra tarea es pasar de una lógica centrada principalmente en administrar inmuebles a una gestión estratégica del territorio: saber qué tenemos, protegerlo, recuperar lo que corresponde y activar aquellos activos que pueden generar inversión, vivienda y seguridad».
Asimismo, la autoridad de Gobierno añadió que «recuperar el control del territorio fiscal es, ante todo, un asunto de seguridad. Cada terreno ocupado irregularmente es suelo que el Estado no puede destinar a vivienda, inversión o protección ambiental».
Por su parte, Noelia Garrido, seremi de Bienes Nacionales de Tarapacá, precisó que los próximos desafíos locales se centrarán en reducir tiempos de tramitación, recuperar terrenos fiscales ocupados de forma irregular, disminuir la morosidad e impulsar nuevas licitaciones para industrias estratégicas en la región.
En cuanto a las medidas nacionales, la cartera presentó su primer Plan de Ventas de inmuebles, cuyos ingresos en un 65% irán directo a los Gobiernos Regionales, junto a la ejecución del plan “Chao Deudas” para cobrar la morosidad en contratos vigentes y el ingreso al Congreso de un proyecto de ley que reducirá de 24 a 6 meses los trámites de regularización de propiedad en emergencias.
