A través de un escrito de 26 páginas, la exsecretaria de Estado acusó al organismo dirigido por Dorothy Pérez de cometer graves errores de derecho y de ni siquiera notificarla del reproche en su contra. Mientras la oposición y el Gobierno se dividen, su sucesor rayó la cancha para el futuro.
La teleserie política de la semana sumó un capítulo de alto voltaje. La exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, decidió romper el silencio y pasó directamente a la ofensiva legal para limpiar su nombre. Patrocinada por el abogado Rodrigo Irrazábal, ingresó una contundente solicitud de reconsideración ante la Contraloría General de la República (CGR). ¿El objetivo? Dejar completamente sin efecto el fallo que el ente fiscalizador emitió en su contra el pasado jueves 1 de julio. Steinert no se guardó nada y acusó que el dictamen que lideró Dorothy Pérez tiene «errores en derecho en cada uno de los pasos argumentales».
Para entender cómo llegamos a este punto, hay que rebobinar la cinta a marzo de este año. La Contraloría, mediante el dictamen N° D344/2026, sepultó la gestión de la exautoridad al establecer que se había saltado las reglas del juego. Apenas 48 horas después de asumir la cartera el 11 de marzo, Steinert envió a la PDI el polémico oficio reservado N° 28, exigiendo una lista detallada con los nombres de los funcionarios de la Brigada Antinarcóticos vinculados a la investigación del «Clan Chen» en Iquique. Para el organismo de control, pedir datos tan sensibles de una causa penal vigente fue un claro exceso de sus facultades.
La defensa de Steinert: Ley en mano y reclamo por falta de notificación
La defensa de la exministra no se quedó de brazos cruzados y armó una estrategia técnica para rebatir el golpe. En el documento de 26 páginas presentadas ante la CGR, argumentan que el polémico oficio reservado se ajustó perfectamente a los marcos legales de la nueva institucionalidad del país. Específicamente, afirman que la solicitud de datos a la policía civil se enmarcó dentro de las atribuciones ministeriales de la ley 21.730 y descartan de plano que se haya violado el deber de abstención.
Pero el contraataque no fue solo técnico; también hubo un fuerte reclamo de forma. El texto ingresado acusa que la Contraloría cometió la grave omisión de no notificar formalmente a Steinert sobre el dictamen, a pesar de que el documento final de la institución contiene un reproche directo y durísimo a su honra y actuación como servidora pública.
Terremoto en el Congreso y la cautela del Ejecutivo
La jugada de la exministra encendió de inmediato los pasillos del Congreso, donde salieron a blindarla con todo. Desde el Partido Republicano, el senador Arturo Squella criticó con dureza al organismo fiscalizador, acusando que hace rato se ven «excesos en el plano de las atribuciones» de la Contraloría. En una sintonía idéntica, el presidente de la Cámara, diputado Jorge Alessandri (UDI), encendió las alertas advirtiendo que la CGR podría estar yéndose más allá de sus límites reales tras reunirse con un panel de expertos.
En la otra vereda, el Gobierno prefirió ponerse el paracaídas y evitar una guerra abierta con las instituciones. La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, cortó cualquier polémica afirmando de entrada que el Ejecutivo es «respetuoso de la institucionalidad». Por su parte, el titular de Justicia, Fernando Rabat, declinó opinar sobre los dichos de los parlamentarios, aunque aprovechó de tirar un salvavidas humano a su excolega: «Cada vez que me tocó compartir con la ministra Steinert en el Comité de Seguridad, vi un trabajo muy profesional».
El sucesor raya la cancha: «No pediremos información de casos en desarrollo»
Quien tuvo que salir a dar las explicaciones más complejas fue el actual ministro de Seguridad, Martín Arrau. El jefe de la cartera respaldó el derecho de Steinert a defenderse, recordando que la Ley 21.732 efectivamente faculta al ministerio a pedir antecedentes secretos o reservados según las normas. Sin embargo, aprovechó el vuelito para marcar una distancia abismal con la polémica estrategia que gatilló la caída de su antecesora.
«Nosotros no requeriremos información específica de un caso en desarrollo, sino que nos mantenemos en nuestro rol de coordinador estratégico», lanzó Arrau, enviando un mensaje directo y calmante tanto al Fiscal Nacional como a las cúpulas policiales para asegurarles que, bajo su mando, nadie meterá las manos en las carpetas investigativas vigentes. La moneda ahora quedó del lado de la Contraloría, que deberá decidir si se inclina ante los argumentos de Steinert o mantiene a firme el polémico dictamen.
