La Contraloría General de la República fundamentó la medida en informes de riesgo de la PDI y el Ministerio Público ante el aumento del crimen organizado y la alta exposición de la autoridad. El estándar de protección supera al de la propia presidencia de la Corte Suprema.
Una controversia de alcance nacional se ha encendido en torno a las medidas de seguridad de las más altas autoridades del Estado. La contralora general de la República, Dorothy Pérez, contrató mediante la modalidad de trato directo un servicio de blindaje para el automóvil institucional por un monto cercano a los $28 millones.
La determinación, que quedó registrada formalmente en la plataforma de Mercado Público, ha llamado la atención del mundo político y judicial debido a que establece un estándar inédito de protección para quien encabeza el ente fiscalizador, superando incluso las medidas aplicadas de forma habitual en otros poderes del Estado.
Informes de riesgo de la PDI y Fiscalía gatillaron la protección
De acuerdo con la justificación técnica incorporada en la resolución exenta 18.852, la medida no fue al azar. La Contraloría General de la República (CGR) aseguró que la adquisición del servicio de blindaje surgió luego de la recepción de diversas comunicaciones consideradas de mayor riesgo dirigidas a la autoridad.
A esto se sumó un análisis de la PDI sobre potenciales riesgos y una evaluación del Ministerio Público, organismo que ordenó incluso la mejora de las dependencias del edificio institucional.
Los documentos justifican el blindaje basados en el perfil de Pérez, sus “funciones de fiscalización” de los recursos públicos, y el “impacto e influencia que los productos emanados de la institución ejercen en la opinión pública y en el funcionamiento de la Administración del Estado”. Bajo este escenario, la CGR reconoció formalmente la existencia de situaciones de riesgo debido al alto nivel de exposición nacional e internacional de la contralora.
Compra directa amparada en la «discreción» y la falta de proveedores
El proceso de contratación, coordinado por el departamento que gestiona el control de vehículos y seguridad de la institución, seleccionó a la empresa Raptor SPA, firma que posee una amplia experiencia en el rubro de orden y seguridad.
Respecto a la utilización del mecanismo de trato directo, la Contraloría argumentó que no existían proveedores similares dentro del Convenio Marco de Mercado Público. La CGR enfatizó que la normativa vigente para este tipo de adquisiciones específicas no dispone la obligatoriedad de escoger el menor precio, sino aquel que otorgue las mejores condiciones y cumpla con el blindaje balístico bajo los estándares recomendados por las entidades policiales. Junto con la experiencia acreditable, el organismo evaluó de manera muy positiva la discreción de la empresa proveedora.
Un reforzamiento integral ante el crimen organizado
El blindaje del vehículo fiscal es solo una parte de un plan mayor de seguridad implementado para proteger a Dorothy Pérez. Las medidas de resguardo comenzaron a aumentar de forma progresiva, incluyendo un incremento en la dotación de guardaespaldas y el reforzamiento de los accesos al edificio central de la CGR ubicado en Teatinos 56.
A esto se sumó la adquisición previa de una SUV Toyota 4Runner de alto estándar, comprada por $48 millones, adquisición que fue justificada en su momento por el aumento de la criminalidad organizada y el hecho de que el automóvil institucional anterior ya sumaba cerca de 10 años de antigüedad.
Cabe recordar que la Contraloría ha liderado una serie de investigaciones de alta complejidad, revelando anomalías como la trama de licencias médicas falsas, fallas en el sistema penitenciario y la pérdida de fentanilo en el hospital de Carabineros.
Contraste con el Poder Judicial
Pese a los argumentos de riesgo, el nivel de seguridad otorgado a Pérez ha abierto el debate al ser comparado con el estándar del Poder Judicial. Actualmente, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, carece de un automóvil con estas características de blindaje. La máxima autoridad judicial ha manifestado públicamente que, a su juicio, la prioridad de recursos debe centrarse en los tribunales que resuelven directamente las causas ligadas al crimen organizado en el país.
