Un macabro caso policial comenzó a ser desentramado por los tribunales de justicia en el extremo norte del país. El Juzgado de Garantía de Arica decretó la medida cautelar de prisión preventiva para M.C.L.H. y J.R.M.M., quienes fueron formalizados por el Ministerio Público en calidad de autores del delito consumado de secuestro.
La magistrada Paulina Zúñiga Lira ordenó el inmediato ingreso a la cárcel de ambos imputados tras determinar que su libertad representa un peligro inminente para la seguridad de la sociedad. El tribunal de primera instancia estableció un plazo de 60 días para el desarrollo de la investigación científica del caso.
Los hechos de la carpeta investigativa se remontan a la noche del pasado 13 de enero de 2026 en el pasaje Los Álamos. En dicho sector, la víctima, un joven con un 50% de discapacidad mental, fue abordado en el exterior de su hogar por cuatro sujetos que se movilizaban en un automóvil.
Bajo severas amenazas de recurrir a la fuerza bruta, la imputada obligó a la víctima a subir al móvil de los captores. Posteriormente, el afectado fue trasladado hasta un inmueble de Avenida Robinson Rojas, recinto donde permaneció encerrado contra su voluntad en una habitación del segundo piso.
FRUSTRADO COBRO DE PENSIÓN
La indagatoria del ente persecutor penal reveló que el objetivo criminal era netamente económico. Al día siguiente del rapto, los cuatro involucrados trasladaron al afectado hasta la sucursal de la Caja de Compensación Los Héroes, ubicada en la intersección de las calles 21 de Mayo con Prat, con la clara intención de obligarlo a cobrar su pensión de invalidez.
Los delincuentes pretendían apropiarse del dinero estatal para saldar una presunta deuda de un hermano de la víctima. No obstante, la acción comercial se frustró debido a que la cédula de identidad del joven estaba vencida, obligándolos a regresar al cautiverio hasta que el afectado logró escapar de sus captores el 15 de enero.
APELACIÓN EN TRÁNSITO
Respecto a los otros dos coimputados del caso, identificados como M.R.A.H. y C.A.B.L., el tribunal había dictaminado inicialmente la medida de arresto domiciliario total, arraigo y la prohibición absoluta de acercarse a la víctima. Sin embargo, la fiscalía presentó una apelación verbal en la misma audiencia.
La jueza acogió el recurso del Ministerio Público y ordenó el ingreso en tránsito de los dos sujetos a la cárcel. El futuro procesal de estos últimos dos implicados quedó en manos de la Corte de Apelaciones de Arica, tribunal de alzada que resolverá si también deberán cumplir la máxima cautelar tras las rejas.
