Un intenso debate político estalló a nivel nacional tras revelarse antecedentes comerciales vinculados a la exvocera de Gobierno. Un reportaje de El Líbero destapó que la sociedad médica administrada por la familia de la pareja de Camila Vallejo recibió un total de 1.209 millones de pesos por parte del Estado para la prestación de servicios de salud en el sistema público durante el mandato de la administración de Gabriel Boric, lo que representa un 56% del dinero obtenido por la empresa en ventas fiscales en los últimos 15 años.
La firma involucrada en el cuestionamiento corresponde a «Doctora Andrea San Martín y Compañía», una entidad creada en el año 2003 y que actualmente se encuentra en manos de los cuñados de la exministra, Claudio Camilo Zicavo San Martín y Valeria Andrea Zicavo San Martín; de su suegra, la médico Andrea Colomba San Martín Palma; y del cónyuge de ésta, Osvaldo Armando Aguiló Melo. Hasta el año 2018, la firma tenía como participante mayoritario a Abel Zicavo, pareja actual de la exautoridad.
Frente a la fuerte repercusión de los datos, Camila Vallejo, exministra de la Secretaría General de Gobierno, manifestó que todas sus licitaciones fueron adjudicadas mediante mecanismos reglados y transparentes. La otrora secretaria de Estado argumentó en una publicación de Instagram de El Mostrador que la sociedad médica a la que se refieren lleva más de 17 años participando de licitaciones públicas, incluso durante el gobierno del expresidente Piñera, financiando el trabajo de profesionales y paramédicos en programas oftalmológicos, de patologías GES y urgencias oftalmológicas, añadiendo que esos pacientes y trabajadores merecen respeto y no ser perjudicados por maniobras.
En su férrea defensa, la exlíder ministerial arremetió contra las publicaciones de prensa y acusó la existencia de una burda operación para desacreditarla. La exsecretaria de Estado expresó que le sorprende que El Mostrador haya replicado, sin consultarle absolutamente nada para verificar, una burda nota de una plataforma online de derecha que busca evidentemente equipararla con situaciones impresentables de su propio gobierno, mientras recortan gasto social demostrando total insensibilidad con las necesidades de la gente, concluyendo que la ley 20.880 exige declarar nombre y RUT de los parientes, no sus actividades comerciales.
