BOLIVIA DESPLIEGA MASIVO OPERATIVO MILITAR-POLICIAL Y PROMETE EVITAR UN «DERRAMAMIENTO DE SANGRE» ANTE BLOQUEOS RADICALES
Con una fuerza combinada de 3.500 efectivos, el Ejecutivo activó el plan «Corredor humanitario» tras 11 días de asfixia vial en La Paz y El Alto. Mientras los enfrentamientos con sectores sociales recrudecen e interrumpen servicios esenciales como el teleférico, el portavoz presidencial descartó el uso de armas letales y denunció un complot financiado por el narcotráfico.
La crisis política y social en Bolivia escaló a niveles de máxima tensión este fin de semana. El Gobierno nacional, a través de sus carteras de defensa e interior, puso en marcha durante la madrugada de este sábado un masivo y coordinado operativo conjunto para liberar las principales rutas de comunicación del país. En medio de un escenario de alta volatilidad, el Ejecutivo aseguró de forma enfática que hará hasta el último esfuerzo para evitar un «derramamiento de sangre», buscando contener los focos de violencia civil que amenazan con desbordar la estabilidad democrática.
La intervención de las fuerzas del orden público se desencadenó luego de 11 días de interrupción total del libre tránsito en el departamento de La Paz, una medida de presión extrema que ha provocado un severo desabastecimiento de suministros vitales, combustibles y alimentos esenciales en la sede de Gobierno y las zonas periféricas del altiplano.
Operación «Corredor humanitario»: 3.500 efectivos a las rutas
Para hacer frente a la red de piquetes instalados en puntos estratégicos, las autoridades diseñaron una estrategia a gran escala. La ofensiva, denominada oficialmente como ‘Corredor humanitario’, movilizó un contingente combinado de 2.500 agentes de la Policía Boliviana y 1.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, totalizando 3.500 uniformados desplegados simultáneamente en los accesos clave de la región.
El despliegue de la fuerza pública concentró sus esfuerzos iniciales en tres arterias logísticas fundamentales: la carretera internacional que une a la ciudad de El Alto con el Perú; la vital ruta hacia la región andina de Oruro, la cual sirve de puente conector con el centro y el oriente del territorio boliviano; y finalmente un tramo estratégico emplazado en el sector sur de la ciudad de La Paz.
Sin embargo, liberar los caminos no fue una tarea pacífica. En la ruta del sur paceño, el avance del contingente militar-policial fue frenado en seco por grupos de manifestantes que utilizaron explosivos, proyectiles de piedra y levantaron imponentes barricadas de tierra y escombros. Ante la resistencia violenta, los uniformados intentaron avanzar mediante el uso de gases lacrimógenos, pero la comandancia en jefe dictó una orden perentoria de repliegue táctico. El objetivo de esta retirada temporal fue explícito: evitar que se desbordara la violencia en el lugar y resguardar la vida humana.
Radicalización de protestas y ataques al Teleférico en El Alto
Pese a los éxitos iniciales de despeje en las pampas del altiplano, la respuesta de los sectores movilizados fue inmediata y agresiva. Tras el paso de las columnas de camiones militares, centenares de personas retomaron los cortes de rutas de forma relámpago en las neurálgicas salidas vehiculares de las populosas zonas de Senkata y Río Seco, en la urbe de El Alto.
El epicentro de los enfrentamientos más crudos se trasladó al sector de Río Seco. En dicho lugar, turbas de manifestantes atacaron a pedradas una de las estaciones del sistema de transporte por cable de la red del Teleférico, provocando graves destrozos estructurales que obligaron a la empresa estatal a suspender de manera indefinida el servicio en uno de sus tramos. A solo kilómetros del incidente, los civiles volvieron a chocar cuerpo a cuerpo con miembros de la Policía y de la Policía Militar (PM), quienes intentaron dispersar las aglomeraciones utilizando agentes químicos de disuasión.
«Bajar la tensión»: El reporte oficial desde el Ministerio de Gobierno
El portavoz de la Presidencia de la República, José Luis Gálvez, lideró una rueda de prensa de urgencia en las dependencias del Ministerio de Gobierno (Interior) en La Paz para entregar el balance oficial de la jornada. Gálvez reconoció de manera abierta que la intervención estatal provocó que los sectores movilizados radicalizaran sus protestas, pero defendió la legalidad y la urgencia del operativo.
El vocero gubernamental detalló que el propósito exclusivo del plan es habilitar una vía de emergencia para permitir el ingreso urgente de oxígeno medicinal, alimentos de primera necesidad, insumos de salud y combustibles destinados a la población civil secuestrada por los bloqueos. Asimismo, recalcó que la acción se enmarca rigurosamente dentro de las leyes y tratados vigentes, asegurando que en ningún momento las fuerzas policiales ni militares portaron o utilizaron armas letales, limitándose a un uso estrictamente preventivo y disuasivo de la fuerza.
“Vamos a hacer hasta el último esfuerzo para evitar que haya derramamiento de sangre por el uso de la violencia de cualquiera de las partes. Se les ha instruido bajar la tensión, tratar de que se calmen las aguas porque lo que menos queremos es la pérdida de vidas; no es el propósito usar la fuerza de manera indiscriminada”, argumentó el vocero presidencial José Luis Gálvez ante los corresponsales internacionales.
El cerco político: La COB exige la renuncia del mandatario y marcha se acerca
La crisis que enfrenta el gobierno del presidente Rodrigo Paz va más allá del control de las carreteras y posee un trasfondo netamente político de alta complejidad. La cúpula de la Central Obrera Boliviana (COB) junto con los sectores indígenas de la Federación de Campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’ han unificado sus discursos en las calles, instalando como única demanda intransigente la renuncia inmediata del presidente Paz, argumentando una total falta de capacidad por parte del Ejecutivo para solucionar las demandas económicas estructurales que golpean al país.
El escenario se tornará aún más crítico en las próximas horas. Una masiva marcha compuesta por centenares de seguidores y bases sindicales afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) avanza a paso firme por el altiplano, teniendo programado su ingreso definitivo a la sede de Gobierno este lunes con el fin de asestar el golpe de gracia político y forzar la caída del Mandatario.
Ante este inminente asedio a la capital, el Gobierno de Bolivia subió el tono de las acusaciones institucionales, denunciando formalmente ante la comunidad internacional la existencia de un «plan macabro» supuestamente diseñado y orquestado por Evo Morales para romper el orden constitucional de la República. De acuerdo con la tesis del palacio presidencial, este complot de desestabilización social estaría presuntamente financiado por el dinero proveniente de las mafias del narcotráfico. Dicha acusación penal fue tajantemente rechazada por el exmandatario y líder del Chapare, quien acusó al oficialismo de intentar criminalizar las legítimas protestas del movimiento obrero y campesino que hoy mantiene en vilo al corazón de Sudamérica.
