Tras reconocer que no anticipó la exigencia del Congreso para un diseño estratégico estructurado, la secretaria de Estado enfrenta una dura división parlamentaria, reclamos de alcaldes por falta de diálogo y una auditoría del ente contralor. El escenario se complejiza aún más con las dudas institucionales que dejó la salida de la jefatura de Inteligencia de la policía civil.
La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, se encuentra atravesando el periodo más complejo desde que asumió la conducción de la cartera. Una profunda controversia institucional se ha desatado en los últimos días debido a los crecientes cuestionamientos sobre la efectividad de su gestión y la aparente falta de un plan de seguridad sólido por parte del Ejecutivo para frenar la criminalidad organizada y el avance de la delincuencia común en el país.
El foco de la polémica se intensificó significativamente luego de que la propia secretaria de Estado protagonizara un sincero pero polémico mea culpa, al reconocer públicamente que no anticipó la exigencia de «un plan estructurado y concreto» por parte del Congreso Nacional. Steinert había presentado inicialmente una serie de lineamientos generales ante el Senado, pero la fuerte presión transversal de los parlamentarios la obligó a replegarse para elaborar un documento técnico mucho más detallado, el cual se encuentra actualmente en preparación, provocando un intenso debate en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados.
División en el Congreso: Entre el pragmatismo y la falta de certezas
El escenario legislativo mantiene divididas a las bancadas. Por un lado, algunos sectores oficialistas y de la oposición dialogante han salido a blindar el enfoque de la ministra. El diputado Cristián Araya (Republicanos) defendió el despliegue de la autoridad argumentando que “la estrategia de la ministra Steinert en su gestión como ministra de Seguridad es lograr resultados concretos y no acumular papelería”. Araya añadió que, si bien el plan definitivo se entregará en tiempo récord a las comisiones, “claramente el foco no está en cumplir formalismos, sino en hacer gestión”.
Una visión diametralmente opuesta manifestó su par, el diputado Patricio Pinilla (DC), quien criticó la falta de rumbo claro y la ausencia de metodologías medibles en el corto plazo. “El país espera certezas, seguridades, capacidades instaladas y posibilidad de ir evaluando los avances”, advirtió el parlamentario de la falange. Pinilla fue enfático en señalar la urgencia de contar con una “ministra de Seguridad empoderada, que dé la confianza necesaria para que la gente piense que en algún momento se empezará a ganar la batalla contra la delincuencia. Por ahora, se sigue perdiendo la batalla”.
Fisuras con el poder local: Alcaldes acusan falta de diálogo nacional
La percepción de desorganización y la falta de una orgánica centralizada no se limita exclusivamente a los pasillos del Congreso. Alcaldes de oposición han manifestado abiertamente su inquietud por lo que califican como una desconexión total con la realidad de los barrios.
La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, arremetió contra las prioridades de la administración central, indicando que estos cuestionamientos sectoriales “demuestran mucho las prioridades que tiene el Gobierno, dado que hoy hay una megarreforma en términos económicos que se está discutiendo, pero no hemos visto lo mismo en términos de seguridad”. Asimismo, la jefa comunal lamentó la ausencia de un diseño integrado con los territorios: “Me hubiese imaginado que en términos de seguridad no solamente hubiera una propuesta, sino que hubiese también un despliegue y conversaciones con los alcaldes y alcaldesas a nivel nacional, lo cual no ha existido”.
Para matizar las críticas, el alcalde de Macul, Eduardo Espinoza, salió en defensa del Ministerio de Seguridad Pública, asegurando que a nivel comunal sí se han registrado canales de comunicación. “Hemos tenido hartas reuniones para abordar el problema de seguridad”, afirmó Espinoza, detallando que su equipo técnico ha estado “trabajando con el delegado presidencial y la seremi de Seguridad, y ahí hemos aprovechado también de poder pedirle algunas medidas que nos ayuden” a mitigar la actividad delictual de la zona.
Expertos exigen control situacional en zonas críticas
Desde el ámbito técnico, los analistas advierten que la falta de un plan escrito deteriora la confianza pública. El experto en seguridad, Pedro Valdivia, puso especial énfasis en que el combate a la delincuencia moderna requiere de un control situacional de carácter urgente, el cual debe evidenciarse de manera empírica en la respuesta del Estado ante incidentes de alta connotación social.
Valdivia argumentó que la efectividad de la ministra Steinert debe medirse en la resolución de conflictos específicos y complejos como los ocurridos en Temucuicui, la crisis de la frontera norte y la operatividad de la zanja, eventos que, según su análisis, son los que verdaderamente inyectan la alta “sensación de inseguridad y temor que tiene la gente” en su vida cotidiana. “El problema es, de acuerdo con lo que yo visualizo, con las críticas que hay hacia la ministra, es el plan de seguridad. Y efectivamente el plan de seguridad es una planificación o una estrategia para implementar en el corto, en el mediano y en el largo plazo en términos de prevención”, sentenció el especialista.
Contraloría y la PDI: Los nuevos y peligrosos flancos administrativos
Para empeorar el panorama de la titular de Seguridad, la crisis política se trasladó al plano netamente administrativo e institucional con la apertura de dos flancos judiciales. En primer lugar, la Contraloría General de la República inició una revisión exhaustiva de un oficio relacionado con una serie de requerimientos y solicitudes de información confidencial emitidos directamente por Steinert durante sus primeras semanas en el cargo. La indagatoria del ente fiscalizador busca “determinar si dichas actuaciones se ajustaron correctamente a las normas y procedimientos que rigen al aparato público” o si existió un exceso en las atribuciones ministeriales.
A esta auditoría se suma un fuerte remezón en las policías: la repentina salida de Consuelo Peña, exsubdirectora de Inteligencia de la PDI, un hecho que ha levantado una ola de rumores e interrogantes en el Congreso sobre posibles intervenciones indebidas o irregularidades en la ejecución de ciertos procedimientos internos. La caída de la alta jefa policial no solo debilita la estructura de inteligencia del país en un momento crítico, sino que asoma como el factor técnico que podría terminar impactando directamente la continuidad de la ministra Trinidad Steinert al mando de la seguridad nacional.
“Hoy hay una megarreforma en términos económicos que se está discutiendo, pero no hemos visto lo mismo en términos de seguridad… me hubiese imaginado que hubiese también un despliegue y conversaciones con los alcaldes y alcaldesas a nivel nacional, lo cual no ha existido”, fustigó la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, sumando presión sobre el diseño estratégico del Ejecutivo.
