Tras una agonía financiera que se extendió por años, el Ministerio de Educación (Mineduc) selló el destino de la Universidad Bolivariana (UB) al oficializar la cancelación de su personalidad jurídica y la revocación del reconocimiento oficial. A través del decreto exento 293, la autoridad puso fin a la trayectoria de la institución nacida en 1987, luego de que el plantel fuera incapaz de revertir su crisis económica y cumplir con los estándares de calidad exigidos por el Consejo Nacional de Educación (CNED).
El desplome administrativo quedó en evidencia con las cifras de matrícula: de tener más de 3 mil alumnos en 2020, la institución apenas registró 294 estudiantes el año pasado. Con sedes en Santiago, Iquique, Los Ángeles y Concepción, la mayor preocupación recae hoy en los alumnos de Derecho, la carrera con mayor presencia. Para mitigar el impacto, el Gobierno ha establecido un plazo excepcional hasta el año 2031 para que los jóvenes matriculados logren concluir sus estudios y procesos de titulación.
En ese sentido, Nicolás Fleet, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado, manifestó que “en el fondo, este es un proceso de largo aliento, no solamente estas universidades, sino que hay muchas instituciones de educación superior en todos los niveles que han ido cerrando”. El académico subrayó que las nuevas exigencias de acreditación han vuelto inviables a los proyectos educativos que no logran sustento financiero.
Por su parte, Mario Alarcón, director del Magíster en Gestión de IES de la UDP, precisó que “por primera vez hay un marco regulatorio capaz de hacerse cargo de instituciones que son inviables sin dejar a los estudiantes a la deriva”. El experto destacó que la normativa vigente permite una salida ordenada, garantizando que los beneficios estatales de los alumnos se mantengan durante la transición a otras casas de estudio o el cierre definitivo.
Finalmente, el Consejo Nacional de Educación (CNED) planteó que la insolvencia de la UB impedía garantizar la continuidad del servicio educativo, rechazando cualquier intento de plan de recuperación. Con esta resolución, la Subsecretaría de Educación Superior procederá al nombramiento de un administrador de cierre, quien deberá gestionar la custodia de los registros académicos y asegurar que el proceso culmine sin perjudicar la certificación profesional de quienes aún integran la comunidad universitaria.
