La investigación reúne más de 70 denuncias en Tarapacá y permitió identificar a diez estudiantes, de los cuales seis —entre 15 y 16 años— enfrentarán un proceso judicial, mientras los menores de 14 serán derivados a tribunales de familia.
Tras semanas de indagatorias, el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI), lograron identificar a un grupo de estudiantes como responsables de una serie de amenazas de tiroteos difundidas mediante rayados en establecimientos educacionales de la región de Tarapacá. Los hechos, que generaron preocupación en comunidades escolares, derivarán en la formalización de seis adolescentes a fines de mayo.
La investigación —liderada por la Fiscalía Regional— agrupa más de 70 denuncias registradas en Iquique, Alto Hospicio y localidades del Tamarugal, lo que implicó un despliegue coordinado de unidades especializadas de la policía civil.
Autores identificados y proceso judicial
De acuerdo con los antecedentes reunidos, un total de diez estudiantes fueron vinculados a los hechos. Sin embargo, solo seis de ellos —de entre 15 y 16 años— enfrentarán cargos al ser penalmente responsables según la legislación vigente. Los otros cuatro, menores de 14 años, quedaron fuera del sistema penal y sus casos serán derivados a tribunales de familia.
La audiencia de formalización ya fue fijada para el 27 de mayo.
“Hemos podido determinar, al menos en seis casos, que hay adolescentes que fueron autores de estos hechos y que serán formalizados”, explicó la fiscal regional Virginia Aravena.
La persecutora añadió que, tratándose de menores, el sistema contempla sanciones diferenciadas:
“Existen diversas alternativas, como trabajos comunitarios o medidas educativas, que buscan responsabilizar a los adolescentes por el impacto de sus actos en la comunidad”, precisó.
Trabajo investigativo y peritajes especializados
El jefe regional de la PDI, Mauricio Jorquera, detalló que la investigación se concentró en unidades especializadas de Iquique y Alto Hospicio, incorporando peritajes científicos y análisis digital.
“Se trabajó con el Laboratorio de Criminalística y, en algunos casos, con la brigada de cibercrimen, ya que también hubo amenazas difundidas por redes sociales”, señaló.
Las diligencias permitieron establecer que los autores eran, en su mayoría, alumnos de los mismos establecimientos afectados, donde los mensajes aparecieron principalmente en baños y salas de clases.
Descartan amenazas reales, pero advierten gravedad
Desde el ámbito de seguridad, las autoridades indicaron que no existen indicios de que las amenazas se fueran a concretar, calificando los hechos como conductas irresponsables.
“Afortunadamente, no hay amenazas reales; se trata de acciones de menores que buscaron generar impacto”, señaló el Seremi de Seguridad Pública de la Región de Tarapacá, Eduardo Salazar.
No obstante, enfatizaron que estos actos movilizaron recursos públicos y generaron alarma en familias y comunidades educativas.
Impacto en el sistema educativo
La seguidilla de amenazas obligó a activar protocolos de seguridad en decenas de establecimientos, afectando el normal desarrollo de clases.
Desde la Secretaría Regional Ministerial de Educación aseguraron que el calendario académico será regularizado:
“El 95% de los establecimientos ya cuenta con planificación de recuperación. No habrá clases perdidas”, afirmó Leonardo Galvez, Seremi Educación.
Asimismo, se indicó que cada colegio evaluará sanciones internas conforme a sus reglamentos, las que podrían incluir medidas disciplinarias.
Protocolos y rol de las comunidades
Desde el Servicio Local de Educación Pública (Slep) Iquique, se destacó la activación de protocolos y el acompañamiento a equipos de convivencia escolar.
“Cada situación será abordada con seriedad, activando mecanismos establecidos. Las escuelas no están aisladas: reflejan lo que ocurre en la sociedad”, indicó Najle Majluf, Director Ejecutivo.
Además, se hizo un llamado a las familias a involucrarse en la formación y supervisión de los estudiantes.
Investigación sigue en curso
Las autoridades confirmaron que las diligencias continúan, ya que no se descarta la participación de otros involucrados en distintos establecimientos de la región.
“Esto es solo una primera etapa. Seguiremos investigando para identificar a todos quienes participaron”, indicaron desde seguridad pública.
Cabe recordar que, conforme a la normativa vigente, los adolescentes imputados están sujetos a un sistema penal especial, que prioriza medidas socioeducativas por sobre sanciones privativas de libertad.
En el caso de menores inimputables, la intervención corresponde a tribunales de familia y a los propios establecimientos educacionales.
