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MINISTRA CHEVESICH CONFIRMA APERTURA DE 56 CUADERNOS DE REMOCIÓN POR MAL USO DE LICENCIAS MÉDICAS EN EL PODER JUDICIAL

El máximo tribunal adoptó la histórica determinación tras revisar 104 expedientes de magistrados, ministros y relatores investigados por viajar al extranjero estando bajo reposo de salud. Las identidades se mantendrán bajo reserva hasta que los afectados sean legalmente notificados.

En lo que representa uno de los mayores remezones éticos y administrativos al interior de los tribunales chilenos del último tiempo, el pleno de la Corte Suprema ordenó abrir de manera oficial 56 cuadernos de remoción para jueces y juezas a lo largo del país, tras comprobarse el mal uso de sus licencias médicas.

La drástica resolución, dada a conocer este martes por la presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, se adoptó luego de concluir un exhaustivo análisis a una lista de 104 casos correspondientes a jueces, ministros, relatores y otros integrantes del escalafón primario del Poder Judicial, quienes se encontraban bajo la lupa de la justicia por haber salido del país mientras hacían uso de licencias médicas que prescribían reposo en territorio nacional.

Radiografía al pleno: El desglose de los polémicos expedientes

Para arribar a este masivo proceso de remoción, el pleno de la Suprema debió examinar meticulosamente decenas de recursos de apelación y expedientes disciplinarios resueltos previamente por las distintas cortes del país, con el fin de unificar criterios y medir la gravedad de las faltas. La ministra Chevesich detalló el estricto cronograma de las audiencias:

  • Lunes 8 de junio: El máximo tribunal conoció las apelaciones de 15 miembros de la judicatura sancionados previamente por cortes de apelaciones. La Suprema confirmó los castigos y ordenó abrir cuaderno de remoción para 14 de ellos, descartando solo uno al estimar que la conducta no ameritaba la destitución. En esta sesión se zanjó además que el plazo de prescripción para hacer efectiva la responsabilidad disciplinaria es de 5 años.
  • Martes 9 de junio: Se analizaron 25 investigaciones donde se había impuesto la absolución. En este bloque, la Corte decidió no abrir procesos de expulsión, al constatar que se trataba de magistrados que, estando legítimamente en el extranjero por feriado o permiso, enfermaron o regresaron contagiados de COVID-19.
  • Lunes y martes recientes: Se revisaron 64 procesos que venían firmes (sin apelación de las cortes de origen). En una reñida y votación dividida, se decretó abrir el cuaderno de remoción en 42 causas, se desestimó en 13 casos y se produjo un empate absoluto en 9 de ellos (8 votos contra 8 entre los 16 ministros presentes). Sumados los 14 del primer bloque y los 42 de este último, se configuró la histórica cifra de 56 procesos de destitución en marcha.

Identidades bajo estricto secreto de sumario

Por razones de debido proceso y protección de las garantías fundamentales de los involucrados, el máximo tribunal evitó categóricamente informar el nombre de los magistrados afectados por la medida, manteniendo sus identidades bajo reserva hasta que la totalidad de ellos sea legalmente notificada de la decisión del pleno.

Respecto a las etapas procesales que vienen ahora para los jueces que arriesgan perder de forma definitiva su carrera judicial, la presidenta Gloria Ana Chevesich fue clara en detallar el riguroso camino técnico:

«Acto seguido se procede a la apertura del cuaderno de remoción y se le pide informe al juez o jueza que se trate, también a la corte respectiva. Hecho esto, abierto el cuaderno y recibido estos antecedentes, se incorpora a la tabla pudiendo los afectados, en este caso, pedir que se vean estas causas, pedir alegatos y, consecuencialmente, escucharlos en la audiencia ordenada para dicho efecto», precisó la timonel de la Suprema.

El proceso entra ahora en una etapa jurídica crucial donde los acusados deberán presentar sus descargos en los alegatos ante el pleno, el cual tendrá la última palabra para ratificar la expulsión o absolución de los funcionarios públicos, en un esfuerzo institucional por recuperar la confianza de la ciudadanía y limpiar la probidad de los tribunales chilenos.

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