En la 10° Sesión Ordinaria, el equipo técnico municipal presentó una modificación a la ordenanza de aseo que busca imponer un cobro por la custodia de canes retirados de la vía pública, desatando el análisis sobre el costo de la irresponsabilidad ciudadana.
En una jornada marcada por la revisión de políticas públicas locales, la 10° Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Colchane, celebrada el pasado viernes 10 de abril de 2026 presidida por el alcalde Teófilo Mamani, se presentó la propuesta de la «Ordenanza Municipal sobre Tenencia Responsable de Animales de Compañía 2026».
Si bien la exposición inicial fue general y sin entrar en detalles técnicos profundos, la controversia estalló cuando los concejales, que ya habían recibido el documento vía correo electrónico, analizaron la letra chica de la normativa.
El polémico «subsidio» a cargo del vecino
La denuncia más grave fue planteada por la concejala Yenny Choque, quien tras estudiar el decreto, reveló un artículo que ha sido calificado como «único en Chile» por su nivel de exigencia hacia la comunidad local.
Según el acta oficial, la concejala advirtió que el texto menciona que, ante la presencia de animales abandonados, «se le va a pedir dinero a la comunidad de Colchane para que ellos se hagan responsables voluntariamente como un aporte o un subsidio que la comunidad tiene que dar».
Esta medida ha generado indignación, considerando que Colchane enfrenta una crisis de mascotas abandonadas dejadas mayoritariamente por personas en tránsito migratorio. “El vecino de Colchane tiene que pagarle a la municipalidad… tiene que pagarle el abuelito que está todo falto de plata por una obligación por los perros abandonados”, se criticó en el debate, haciendo alusión a que la gran mayoría de los habitantes de la comuna son adultos mayores con recursos limitados.
Vacíos legales y multas generalizadas
La revisión del documento no solo arrojó dudas sobre el financiamiento. La concejala también dejó al descubierto que la ordenanza “no aclara si la municipalidad se hace cargo en caso de que este subsidio no llegue de parte de la comunidad”, dejando la solución al problema «en el aire».
Asimismo, se criticó la rigidez y falta de especificidad en el sistema de sanciones:
- El decreto establece una multa generalizada de 5 UTM ($330.000 aproximadamente).
- No se distinguen rangos de infracción (leve, moderada o grave), derivando todo directamente al Juzgado de Policía Local.
- El texto menciona «mascotas» de forma genérica, pero luego solo especifica normas para perros y gatos, generando confusión jurídica.
A comisión de trabajo
Ante la magnitud de las observaciones y el evidente rechazo a que el costo de la crisis migratoria canina recaiga en el bolsillo de los habitantes, el alcalde Javier García Choque y el cuerpo colegiado acordaron no someter el documento a votación inmediata.
La ordenanza fue derivada a una Comisión de Trabajo que se fijó tentativamente para el próximo 17 de abril, tras la siguiente sesión de concejo, con el fin de reformular los artículos que hoy pretenden obligar a la comunidad a pagar por una responsabilidad que, según los ediles, debiera ser gestionada con fondos estatales o proyectos de la Subdere.
