En un operativo sin precedentes que abarcó siete regiones del país, la PDI y la Fiscalía lograron desarticular una sofisticada organización criminal dedicada al robo, acopio y exportación ilícita de cobre. La banda operó durante cinco años y alcanzó la astronómica cifra de 860 mil millones de pesos en ventas junto a otros 58 mil millones mediante devoluciones fraudulentas de IVA. Este monto equivale a financiar 18 Teletones.
La investigación denominada «Alto Voltaje» culminó con el allanamiento de 49 viviendas y la detención de 28 personas. Entre los arrestados figura Abdel Karim Sukni Guadalah, quien es hermano de la abogada Helhue Sukni. El sujeto cumplía un rol clave como intermediario y «pasamano» para trasladar la mercancía entre los clanes familiares que componían la estructura delictual.
En ese sentido, María Angélica de Miguel, fiscal regional (s) de Los Lagos, detalló que los involucrados tenían la experiencia necesaria porque trabajaban directamente o pertenecían a empresas subcontratistas de telefonía o energía eléctrica, logrando obtener el cableado de esa manera.
IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO COMO PUNTOS ESTRATÉGICOS
El material sustraído en el sur de Chile era procesado en centros de acopio para luego ser trasladado en camiones propios o arrendados hacia el norte. Según los antecedentes de la PDI, la carga llegaba hasta la comuna de Alto Hospicio con el fin de ser exportada ilícitamente por el Puerto de Iquique hacia el mercado asiático, principalmente China.
Para concretar el fraude, la organización utilizaba empresas fachada y facturas falsas para simular que el cobre provenía de fuentes legales. Incluso la banda llegó a arrendar buques completos para el transporte del metal. Ante el Servicio Nacional de Aduanas, declaraban la carga como «chatarra de cobre» para intentar evadir los controles institucionales.
En esa línea, Tamara Molina, fiscal del caso, señaló que a través de camiones que pertenecían a este clan familiar o que eran arrendados por ellos, operaba un intermediario que tomaba esta mercancía y la traspasaba a otro clan.
DETERMINANTE LABOR DE ADUANAS Y GOLPE AL PATRIMONIO
La fase de exportación fue frenada gracias al análisis de riesgo de los fiscalizadores de la Aduana de Iquique. Los funcionarios interceptaron seis contenedores que pretendían salir del país con 120 toneladas de cables eléctricos, cátodos y barras de cobre ocultas bajo la apariencia de chatarra. Solo este cargamento fue avaluado en más de US$ 1,4 millones.
El golpe final a la organización permitió incautar un total de 187 toneladas de cobre, además de 11 armas de fuego, 63 propiedades, 40 vehículos y el congelamiento de 81 cuentas bancarias. Los líderes del grupo enfrentarán a la justicia junto al resto de los detenidos por delitos de contrabando, robo y falsedad documental.
