El abogado del exfrentista, Rodolfo Yanzón, confirmó que su representado no se entregará a la justicia argentina tras el fallido operativo para su captura. En paralelo, el Gobierno de Chile intensifica las gestiones en Buenos Aires para concretar la extradición por el crimen de Jaime Guzmán.
La situación judicial de Galvarino Apablaza Guerra ha entrado en una fase de máxima tensión transfronteriza. Tras la orden de detención emanada desde los tribunales argentinos y el despliegue de un operativo policial para dar con su paradero, su defensa rompió el silencio para anunciar una contraofensiva legal que escala hasta organismos internacionales.
Rodolfo Yanzón, abogado del exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), fue tajante al señalar que su defendido no se presentará ante las autoridades. “Apablaza no se va a presentar porque sería refrendar un acto absolutamente ilegal”, sostuvo el jurista, cuestionando la validez del proceso de extradición que busca trasladarlo a Chile para enfrentar cargos por el asesinato del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards.
La estrategia de la defensa: El factor ONU
Para el equipo jurídico de Apablaza, el proceso de extradición “está finalizado hace 16 años”, por lo que cualquier acción actual carece de sustento jurídico. Yanzón acusó a las autoridades argentinas de “violar la Convención de Refugiados” y anunció que presentarán una denuncia formal ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en las próximas horas.
La defensa también dirigió sus dardos hacia la magistrada María Servini, quien firmó la orden de detención, acusándola de “desconocer absolutamente el caso”. Los abogados adelantaron que esperarán el retorno del juez titular, Ariel Lijo, para solicitar que se deje sin efecto la medida de captura.
Recompensa y cerco policial
Mientras la defensa articula su estrategia, el Ministerio de Seguridad de Argentina ha extremado recursos. Tras un fallido operativo policial en el domicilio de Apablaza, donde no se logró su ubicación, el gobierno de Javier Milei ofreció una recompensa de 20 millones de pesos argentinos (más de 13 millones de pesos chilenos) por información que permita su captura.
Esta medida ha activado una coordinación directa entre las policías argentinas y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), que mantiene vigentes las órdenes de captura nacional e internacional por delitos de homicidio y secuestro.
Ofensiva política desde La Moneda
En Chile, el Gobierno ha tomado el caso como una prioridad de Estado. El Canciller Francisco Pérez confirmó que el Presidente José Antonio Kast mantiene su viaje programado a Argentina, valorando la disposición del país trasandino para colaborar en el caso. “Valoramos el esfuerzo y disposición del gobierno argentino en ayudar en este tema”, señaló el ministro, asegurando que se hará “todo lo necesario” para que Apablaza comparezca ante la justicia chilena.
El Mandatario chileno no viajará solo en esta ofensiva. En una señal de unidad política con la UDI, el diputado Juan Antonio Coloma integrará la delegación oficial a Buenos Aires, donde sostendrán reuniones clave con equipos jurídicos y autoridades de seguridad para agilizar la entrega del exfrentista.
