El inicio del Plan Escudo Fronterizo en el norte del país generó las primeras reacciones en Tarapacá, donde el gobernador José Miguel Carvajal emplazó al Ejecutivo a transparentar el destino de los extranjeros que ya residen en Chile. Si bien la autoridad reconoció como un paso positivo que el presidente priorice la crisis migratoria, advirtió que el enfoque no puede limitarse exclusivamente al control de las fronteras, sino que debe resolver la situación de miles de personas en condición irregular.
Para el jefe regional, el despliegue de tecnología, militares y Carabineros ha transformado la realidad de Colchane respecto a años anteriores, permitiendo un mayor ordenamiento. No obstante, recordó que el fenómeno ha sido el combustible para el aumento del crimen organizado, afectando directamente la seguridad nacional y la calidad de vida de los tarapaqueños, quienes hoy exigen soluciones concretas más allá de la infraestructura.
Ante ello, el gobernador de la Región de Tarapacá, señaló que «la zanja es un mensaje comunicacional potente, pero el verdadero desafío político es definir qué pasará con la población que ingresó por pasos no habilitados». La autoridad enfatizó que la comunidad necesita saber si el Estado optará por la expulsión masiva, el empadronamiento o la regularización, decisiones que a su juicio marcarán el éxito o fracaso de la actual gestión.
En la misma línea, el Gobernador hizo un llamado a no descuidar los factores humanitarios y la protección de la niñez en medio de estas nuevas políticas. Para Carvajal, la efectividad del plan se medirá no solo por cuántos ingresos se logren frenar, sino por la capacidad de las instituciones para gestionar la realidad urbana en las comunas del norte.
