La Asociación de Docentes (ADOS) emplazó formalmente al director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública, Najle Majluf, debido al nulo avance en las denuncias por acoso laboral presentadas por funcionarias contra la directora del establecimiento. Los gremios acusan que las afectadas siguen compartiendo espacios con la denunciada mientras los procesos administrativos continúan congelados.
La aplicación de la Ley Karin en la educación pública de Tarapacá enfrenta cuestionamientos severos. A través de un oficio formal enviado al director ejecutivo del SLEP Iquique, Najle Majluf, la Asociación de Docentes (ADOS) exigió explicaciones claras y plazos concretos sobre el estado de las indagatorias que pesan contra la directora de la Escuela Thilda Portillo Olivares, Julia Dávila, tras denuncias presentadas por funcionarias del recinto.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por la organización gremial, las notificaciones de admisibilidad llegaron a las manos de las afectadas los días 19 y 20 de agosto de 2026. Sin embargo, los procedimientos acumulan semanas de completo silencio institucional sin que exista claridad sobre la instrucción del sumario administrativo ni la designación formal de un fiscal investigador.
Vacíos en la investigación y designaciones en el aire
El malestar entre los profesores radica en la absoluta falta de certezas operativas dentro del servicio local. Según advirtió ADOS en su requerimiento, una de las denunciantes recibió la advertencia informal de que el funcionario Rodrigo Córdoba asumiría la investigación, pero este se encontraba de vacaciones al momento de la consulta, transformándose la designación en letra muerta sin que la jefatura del SLEP emita una actualización formal.
«Esta falta de información ha generado preocupación, especialmente porque las denunciantes forman parte del equipo de gestión del establecimiento y mantienen una interacción periódica con la persona denunciada», recalcaron desde el directorio docente. La convivencia diaria en el mismo espacio físico mantiene latente el temor a nuevas situaciones de maltrato o posibles represalias laborales.
Exigen medidas de resguardo y cumplimiento de la normativa interna
Ante este escenario de incertidumbre, la organización sindical emplazó a la dirección del SLEP a cumplir estrictamente la Resolución Exenta N.° 01669 —vigente desde agosto de 2024—, la cual regula los protocolos de denuncia, investigación y sanción de la violencia y el acoso laboral bajo los parámetros exigidos por la legislación vigente.
El gremio docente exige que la autoridad transparente de manera inmediata cuatro puntos críticos:
- ESTADO DE TRAMITACIÓN: Informar las diligencias realizadas desde la admisión de los casos y los trámites que aún siguen pendientes.
- INDIVIDUALIZACIÓN DEL FISCAL: Remitir copia del acto administrativo que instruye el sumario y designa formalmente al investigador.
- PROTECCIÓN EFECTIVA: Aplicar medidas de resguardo urgentes, tales como la separación de espacios físicos, la destinación transitoria a otras funciones o la suspensión temporal de la directora denunciada, garantizando la integridad de las funcionarias.
- PREVENCIÓN DE REPRESALIAS: Establecer protocolos claros para resguardar la salud física y psíquica de las afectadas frente al normal desarrollo de sus labores pedagógicas.
La presión gremial apunta a la responsabilidad del SLEP
El emplazamiento de los docentes pone la pelota directamente en la cancha del servicio local y de su máxima autoridad ejecutiva, cuestionando la capacidad de respuesta oportuna de la institucionalidad pública frente a situaciones de convivencia laboral grave. Mientras los sumarios sigan entrampados en oficinas burocráticas, los gremios advierten que mantendrán la vigilancia activa para evitar que las denuncias queden en el olvido institucional, resguardando los derechos y la dignidad de los trabajadores de la educación en Iquique.
