El imputado cumplía una sentencia de cinco años y un día dictada en 2022 por el Tribunal Oral de la comuna. Sin embargo, tras ser trasladado al penal de Arica, recurrió al máximo tribunal del país y logró descontar 11 meses a su castigo.
La polémica sobre la aplicación de beneficios carcelarios vuelve a encender los debates en el norte del país. Un delincuente sexual que operaba en la Región de Tarapacá logró zafar parcialmente de su castigo judicial tras figurar dentro de un registro de 56 condenados por delitos de índole sexual que obtuvieron reducciones en sus penas privativas de libertad.
El protagonista de esta historia judicial había recibido una sentencia firme en el año 2022. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Alto Hospicio lo encontró culpable de abuso sexual a una menor de 14 años, imponiéndole una pena efectiva de cinco años y un día de presidio. Sin embargo, durante el primer semestre de este 2026, el panorama cambió radicalmente al conseguir una rebaja de 11 meses en su tiempo tras las rejas.
El traslado clave que movió el caso hacia Arica y Parinacota
Pese a que todo el proceso judicial, el juicio y la condena se originaron estrictamente en tierras tarapaqueñas, la tramitación del beneficio carcelario no se resolvió en la zona. El reo fue movilizado administrativamente fuera de los límites regionales.
El imputado cumplía su condena tras una resolución de 2022, pero obtuvo el beneficio en Arica mediante un fallo dictado por la Corte Suprema. El cambio de penal facilitó que las gestiones legales se trasladaran de jurisdicción.
El seremi de Justicia de Tarapacá, Claudio Chamorro, explicó la movida administrativa aclarando que «el interno fue trasladado a la Región de Arica y Parinacota, de forma que los posibles beneficios pasaron a ser resorte de esa zona». De este modo, la evaluación de su conducta y sus opciones de rebaja quedaron en manos de los tribunales del extremo norte.
El camino judicial: Del rechazo inicial en el norte al fallo supremo
La jugada legal del condenado no fue un camino rápido ni sencillo. Cuando la defensa intentó obtener el beneficio por primera vez en el año 2023, la comisión de evaluación de Arica rechazó de plano la solicitud presentada por el recluso.
Ante la negativa de las autoridades penitenciarias locales, el sujeto no bajó los brazos y decidió escalar el caso directamente al sistema judicial. El condenado recurrió mediante recursos ante los tribunales superiores de justicia, logrando que el máximo tribunal del país tomara cartas en el asunto.
Finalmente, la Corte Suprema ordenó aplicar el beneficio por haberse perpetrado el delito antes de la reforma legal restrictiva. Con este dictamen inapelable, los ministros zanjaron la discusión jurídica basándose en la fecha en que ocurrieron los hechos, permitiendo que el agresor sexual descuente casi un año a su condena original.
