Una red que involucra desde transportistas locales hasta beneficiarios de convenios arancelarios, mueve diariamente decenas de vehículos de segunda mano desde la Zona Franca hacia la frontera. El contrabando, lejos de ser un secreto, se ha convertido en una industria aceitada que, entre 2013 y 2024, ha desviado más de 1,2 millones de autos hacia territorio boliviano.
El desierto de la Región de Tarapacá es escenario de un flujo incesante que, aunque es conocido por autoridades y fiscalías, se mantiene operativo bajo una lógica de «negocio redondo». Se trata de la ruta de los vehículos conocidos en Bolivia como «chutos», automóviles que nacen en la Zona Franca (Zofri) de Iquique bajo beneficios tributarios y terminan, de manera ilícita, en manos de compradores en el país vecino.
El «pack» del contrabando
La operatividad detrás de este negocio ha evolucionado hacia una red logística casi perfecta. Según testimonios recogidos en la investigación, el sistema no es casual: «Hemos detectado que hay hasta hijos de vecinos de la zona que tienen su negocio. Son dueños de camiones y ellos mismos realizan los traslados. Es como vender el pack completo: transporte y bodegaje», confiesa una fuente cercana a la operación.
El flujo es constante y se divide en dos grandes grupos: los furgones blancos tipo «Sprinter», que operan como transporte de personas hacia la frontera, y los poderosos camiones «cigüeña», capaces de cargar hasta 12 vehículos de una sola vez.
La fachada de la legalidad
El punto de partida es la Zofri. Los compradores adquieren grandes lotes de autos usados, provenientes principalmente de mercados como Japón o Corea del Sur —donde el volante está a la derecha—, aprovechando exenciones arancelarias.
Sin embargo, para sortear los controles aduaneros en la Puerta 10, los vehículos no pueden salir circulando. Es aquí donde el protocolo se vuelve la principal herramienta del contrabando: al ser cargados en camiones «cigüeña» y contar con documentación que, en teoría, autoriza su traslado hacia localidades fronterizas como Pisiga Centro o Pisiga Choque, los autos obtienen el salvoconducto para abandonar el recinto amurallado. Una vez en la zona de Colchane, el rastro formal desaparece y los vehículos son internados clandestinamente en Bolivia.
Un negocio de dimensiones millonarias
Las cifras revelan la magnitud del problema. De acuerdo con datos de la Cámara Automotor Boliviana (CAB), el impacto es masivo: solo en un periodo de once años (2013-2024), más de 1 millón 280 mil vehículos ingresaron como «chutos» a Bolivia provenientes de Chile. Cabe destacar que esta cifra no incluye autos robados, sino exclusivamente aquellos que fueron trasladados mediante el contrabando tras haber sido importados legalmente a Chile.
A pesar de que el Ministerio Público y las fuerzas de seguridad tienen pleno conocimiento de la ruta, el negocio parece tener una inercia propia que ninguna medida actual ha logrado frenar. Mientras los vehículos continúan su desfile hacia la frontera, en la Región de Tarapacá se consolida un sistema que lucra con la porosidad fronteriza, burlando la normativa aduanera y desafiando la voluntad de control de las autoridades de ambos países.
