La Contraloría General de la República tomó razón del nuevo reglamento que faculta al SernamEG para presentar querellas en casos de femicidio y suicidio femicida sin necesidad de autorización previa de las familias, asegurando representación jurídica especializada desde el inicio del proceso penal.
En un paso fundamental para la implementación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, la Contraloría General de la República (CGR) ha dado «luz verde» al reglamento que establece los estándares técnicos y requisitos para la representación jurídica del Estado en casos de alta gravedad. Esta normativa permitirá que el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) actúe como querellante por iniciativa propia frente a delitos de femicidio o suicidio femicida.
Un cambio de paradigma en la representación legal
Hasta la entrada en vigor de esta normativa, el apoyo jurídico del Estado estaba supeditado a la voluntad de las víctimas o de sus familias, quienes debían otorgar un patrocinio formal al Servicio para que este pudiera intervenir. Si bien el SernamEG ya contaba con una activa labor —registrando solo en 2025 más de 5.800 atenciones y cerca de 1.300 representaciones judiciales—, la nueva facultad de actuar de oficio elimina una barrera administrativa que, en ocasiones, dificultaba la celeridad del proceso.
Objetivos y alcances del nuevo reglamento
La medida responde a la necesidad de dotar a las instituciones de una capacidad de reacción más rápida y robusta frente a la violencia extrema. Entre sus principales ejes, destacan:
- Querellas sin patrocinio: El SernamEG podrá presentar acciones legales a través de sus abogados regionales desde el inicio de la investigación, garantizando que el Estado esté presente en el proceso judicial de manera inmediata.
- Estándares de calidad: El reglamento fija lineamientos técnicos estrictos para todas las entidades, tanto públicas como privadas, que celebren convenios con SernamEG para brindar atención y representación a las víctimas, asegurando que el acompañamiento sea especializado y de alta calidad.
- Respuesta institucional: La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, enfatizó que «la violencia de género es una vulneración grave de derechos, y el Estado tiene que responder a la altura. Eso significa acompañar a las víctimas y actuar a tiempo para que estos casos no queden sin justicia».
Integración de datos para la protección
Este reglamento se suma a otras obligaciones establecidas por la Ley Integral, tales como la creación de un Sistema Integrado de Información. Esta plataforma permitirá articular los datos de diferentes instituciones públicas para mejorar el seguimiento de los casos, la prevención y la protección efectiva de las mujeres, cumpliendo así con los estándares internacionales de derechos humanos suscritos por el país.
Con la toma de razón de este documento, el SernamEG queda habilitado para desplegar esta nueva capacidad operativa en todo el territorio nacional, marcando un avance clave hacia la reparación y el acceso a la justicia en los casos más críticos de violencia de género.
