
En fallo unánime, el tribunal de alzada ratificó que la exmagistrada de la Corte Suprema debe permanecer en prisión, tras ser imputada por lavado de activos y tres delitos consumados de cohecho durante su ejercicio en el máximo tribunal.
La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó este lunes 9 de febrero de 2026 la medida cautelar de prisión preventiva en contra de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Francisca Vivanco Martínez. La decisión se da en el marco de una de las investigaciones más profundas sobre corrupción en el Poder Judicial en la historia reciente de Chile.
La sala, integrada por los ministros Rodrigo Schnettler, Paola Díaz y Carlos Escobar, determinó de manera unánime (causa rol 688-2026) que la libertad de la imputada representa un peligro para la seguridad de la sociedad y el éxito de la investigación, confirmando así lo resuelto previamente por el Séptimo Juzgado de Garantía el pasado 30 de enero.
Los delitos imputados
El Ministerio Público sindica a Vivanco como autora de delitos graves cometidos en el ejercicio de su alto cargo:
- Tres delitos consumados de cohecho: Presuntamente cometidos desde el año 2023.
- Lavado de activos: Relacionados con las supuestas influencias y gestiones realizadas mientras integraba el máximo tribunal del país.
El fallo de hoy desestimó los argumentos de la defensa, que buscaba revocar la medida cautelar más gravosa, y mantuvo la validez de los antecedentes presentados en la causa Rit 11340-2024.
Una crisis institucional sin precedentes
La caída de Ángela Vivanco se produce tras las filtraciones de chats y conversaciones que la vinculaban estrechamente con gestiones judiciales irregulares. Su caso marca un hito, al ser una de las pocas ocasiones en que un exintegrante de la Corte Suprema enfrenta un proceso penal desde la cárcel, lo que ha impulsado una discusión nacional sobre la transparencia y el nombramiento de jueces en Chile.
Con esta resolución, la exministra continuará privada de libertad mientras se agotan los plazos de la investigación fiscal, la cual sigue explorando nexos con otros actores del mundo jurídico y político.







